Proponen suspender a congresistas por 180 días, y ya no 120, y que sean reemplazados por accesitarios
Proyecto de ley busca incrementar el número de días de suspensión de un legislador por sanción disciplinaria, además de aplicarle un descuento de sus haberes en el Parlamento.
Incremento. La bancada de Acción Popular, a iniciativa de la legisladora Karol Paredes, presentó una iniciativa legislativa con la finalidad de aumentar el número de días de suspensión de un congresista que es sancionado en el Pleno por sanción disciplinaria.
Por medio del proyecto de ley n° 3367/2022-CR, presentado el último jueves 20 de octubre, se busca “incrementar hasta 180 días de legislatura la suspensión de funciones por sanción disciplinaria, con descuento de sus haberes y reemplazo el accesitario”.
Este proyecto de ley de reforma constitucional tiene como finalidad “promover el buen comportamiento, ética de los congresistas y la institucionalidad del Congreso”. Esto, teniendo en cuenta que la actual legislación sanciona con 120 días la suspensión en el Parlamento por disciplina.
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En efecto, el proyecto recuerda que la actual Constitución Política contempla la sanción máxima aplicada a los congresistas es la suspensión de sus funciones por 120 días.
“No obstante ello, la hermenéutica parlamentaria demuestra que los congresistas continúan infringiendo el reglamento del Congreso al cometer conductas que atentan contra la disciplina parlamentaria y la ética”, se lee en el documento.
Comisión de Ética del Congreso tiene 74 procesos en curso
En ese sentido, Karol Paredes, actual titular de la Comisión de Ética, menciona que el periodo 2021-2023 cuenta con 74 casos en curso, hecho que contribuye “al desprestigio y la consecuente caída de la imagen del Congreso, generando el rechazo de la población”.
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De igual manera, aclara que, si bien este incremento de días en la sanción “no va a evitar de manera absoluta que las personas dejen de cometer infracciones, servirá para corregir las conductas públicas y disuadir las conductas infractoras, en tanto haya una vulneración concreta o potencial del interés público”.
“Es importante evidenciar la realidad y adoptar medidas más severas que permitan que los congresistas tengan un comportamiento adecuado acorde con el cargo que ocupan y conforme lo establecen las normas reglamentarias. Es decir, el reglamento del Congreso y el código de Ética Parlamentaria”, expresa la propuesta.
