
La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, mantuvo una reunión con el exmilitar y exintegrante del SIN, Jaime Miguel Cabrera Buleje, quien ha difundido denuncias de fraude electoral sin pruebas. El encuentro se realizó en su despacho, según el registro institucional de visitas al que accedió el portal de investigación OjoPúblico.
Según el informe, la cita se realizó el 23 de abril donde la titular de la JNJ y el coronel en retiro estuvieron reunidos por una hora aproximadamente. Dicho encuentro ocurrió dos días después de que la entidad aceptara la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE.
El propio Cabrera Buleje confirmó su asistencia a la sede de la JNJ. Declaró que acudió para expresar su “satisfacción como ciudadano” por la salida del funcionario electoral. Afirmó que María Teresa Cabrera le agradeció la visita y le indicó que había cumplido con su función.
El exmilitar ha participado en movilizaciones impulsadas por sectores políticos que rechazan los resultados electorales. Estas acciones han sostenido una narrativa de fraude electoral sin respaldo técnico ni evidencia verificable.
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El reportaje de OjoPúblico también identificó otras reuniones sostenidas por María Teresa Cabrera en la sede de la JNJ. En enero de este año recibió a Edinson Hurtado Niño de Guzmán, vinculado a la empresa de seguridad V13. Esta compañía brindó servicios durante una movilización encabezada por Rafael López Aliaga. Aunque la empresa negó el vínculo laboral, registros de la Sunat lo consignan como subgerente.
Otro encuentro se produjo en octubre de 2025 con Luis Alejandro Navarrete Santillán, personero de Podemos Perú. Este dato genera cuestionamientos debido a que María Teresa Cabrera militó en ese partido y llegó al Congreso bajo esa agrupación. Su trayectoria política incluye también su paso por la Mesa Directiva durante el gobierno de Manuel Merino.
El informe también revela la contratación del abogado Jimmy Benites Tangoa. El letrado aportó a la campaña electoral de la actual titular de la JNJ en 2020. Posteriormente, recibió contratos por alrededor de S/100.000 para asumir su defensa en investigaciones fiscales que terminaron archivadas.
Consultado sobre este punto, Benites Tangoa sostuvo que su contratación se ajusta a la ley. Indicó que la elección de la defensa corresponde directamente al investigado. OjoPúblico señaló que solicitó descargos a los magistrados de la JNJ sobre estas visitas y contrataciones, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre del reportaje.





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