Delia Espinoza: dos jueces votaron a favor de inaplicar inhabilitación contra exfiscal de la Nación

La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima evaluó la demanda de amparo presentada por la defensa de Delia Espinoza contra la inhabilitación que le impuso el Congreso por un supuesto "desacato" a la Ley 32130, norma que restablece la facultad de la Policía Nacional para liderar las investigaciones preliminares de delitos. Según los congresistas, Espinoza habría emitido una resolución que contraviene directamente esta disposición.

Los jueces Suárez Burgos y Paredes Flores votaron a favor de declarar fundada la demanda de amparo, mientras que la jueza Ruiz Arrieta votó en contra.

Ante ese escenario, la Sala programó una audiencia virtual para el 12 de mayo, al mediodía, a fin de contar con el voto de un juez dirimente.

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Suárez Burgos y Paredes Flores determinaron que “se declare fundada en parte la demanda de amparo interpuesta por Espinoza Valenzuela contra el Congreso; y por tanto, inaplicable a la demandante los efectos de la Resolución Legislativa del Congreso N.º 008-2025-2026-CR y la Resolución Legislativa del Congreso N.º 007-2025-2026-CR, publicadas el 5 de diciembre del 2025”.

Esto implica la reposición de “las cosas al estado anterior a la violación o amenaza del derecho fundamental”, es decir, “corresponde ordenar la reincorporación de la demandante como Fiscal Suprema Titular del Ministerio Público, siempre y cuando no exista resolución administrativa, judicial y/o de otra índole que disponga lo contrario”.

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Al respecto, Espinoza, quien es la actual decana del Colegio de Abogados de Lima, informó que aún no ha sido notificada.

“Mi abogado se ha presentado en la tarde para que nos brinden la resolución íntegra. Son una dama y dos caballeros. Estos últimos han declarado fundada la apelación”, declaró a este medio.

Explicó que busca conocer la resolución íntegra para conocer los fundamentos del voto en contra.

“La señora magistrada, no quiero ser irrespetuosa, pero me sorprende que, siendo constitucionalista, no note que yo no hice nada sobre esos elementos que me atribuyen. Me siento preocupada y es raro que, ante algo tan evidente, una jueza constitucional diga que es improcedente mi demanda. Espero revisar la resolución para preparar, también, la defensa para el 12 de mayo”, dijo.

Adicionalmente, mencionó que el Congreso no es la única instancia que se instrumentaliza para la persecución política.

Comentó, por ejemplo, los casos de no ratificación que ha iniciado la Junta Nacional de Justicia (JNJ) afectando a fiscales como Pablo Sánchez, Domingo Pérez y Rafael Vela.

“Estamos viendo que la persecución es estrictamente contra quienes se están atreviendo a actuar con legalidad. En sentido contrario, lo que está ocurriendo, más bien, es que a muchos o varios de los que están procesados o involucrados en los casos de los Cuellos Blancos, por ejemplo, simplemente no los tocan”, indicó.

Además resaltó que ellos no opositores al gobierno de turno, sino que, al contrario, son guardianes del Estado de derecho. “Cuidamos al país porque el país, sin una justicia que se administre correctamente, es un país que simplemente se va al despeñadero”, dijo.

Demanda de amparo presentada por Delia Espinoza

La demanda de amparo que presentó la defensa de la decana del CAL se dirige contra la Resolución Legislativa que dispuso la inhabilitación de Delia Espinoza para ejercer función pública durante una década. Según el recurso, esa decisión se adoptó sin una evaluación objetiva de los hechos ni una garantía efectiva de defensa.

El escrito también cuestiona la resolución que declaró haber lugar a la formación de causa penal en su contra. Espinoza afirma que el Congreso adelantó opinión y transformó un procedimiento político en un mecanismo sancionador, sin respetar los límites que fija la Constitución.

Además, la exfiscal solicitó que se declare la nulidad de todo lo actuado en la denuncia constitucional seguida en su contra. A su criterio, el proceso parlamentario estuvo marcado por vicios que comprometen su validez y afectan la independencia de la Fiscalía.

En enero de este año, la Tercera Sala Constitucional declaró procedente el amparo contra los actos parlamentarios que apartaron a Espinoza de la función pública y habilitaron una acusación penal.