
El informe preliminar de la Comisión de Fiscalización sostiene que José Jerí incurrió en falta de transparencia al sostener reuniones que no fueron consignadas en la agenda oficial. El documento advierte contradicciones en sus declaraciones públicas y apunta a indicios de un posible favorecimiento al empresario Zhihua Yang.
La investigación se centra en dos reuniones clandestinas: la primera se realizó el pasado 26 de diciembre en un Chifa de San Borja. El presidente llegó en un vehículo oficial y permaneció varias horas en el local. Dicho encuentro no tuvo registro en la plataforma de visitas del Estado.
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El segundo encuentro se realizó el 6 de enero. José Jerí acudió a Market Capón, en el jirón Paruro. El local había sido clausurado horas antes por la Municipalidad de Lima. Presidencia indicó que el mandatario fue a comprar dulces. Sin embargo, el grupo de trabajo señala que la reapertura posterior del establecimiento generó sospechas sobre un posible trato preferente.
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El documento también revisa el entorno de las reuniones. Registra la presencia en Palacio de Gobierno de ciudadanos y empresarios chinos. Entre ellos figura Ji Wu Xiaodong, quien es investigado por la Fiscalía por presunta organización criminal, colusión agravada, cohecho y tráfico de influencias, en un caso vinculado a una red dedicada al tráfico ilegal de madera en Madre de Dios. Pese a que tenía mandato de arresto domiciliario, acudió a la sede del Ejecutivo.
El grupo de trabajo concluye que la reunión en el restaurante no tuvo un carácter estrictamente social. Precisa que, de confirmarse que se abordaron temas empresariales, correspondía registrar la cita conforme a la Ley 28024. El informe subraya que el jefe de Estado tiene deber especial de transparencia.
También cuestiona las versiones ofrecidas por José Jerí. El presidente primero indicó que el encuentro estuvo relacionado con actividades por el Día de la Confraternidad Peruano-China. Luego señaló que se trató de una invitación personal. Más adelante pidió disculpas por asistir encapuchado. La comisión considera que esas explicaciones no despejan las dudas.
En el plano normativo, el informe advierte posibles vulneraciones al Código de Ética de la Función Pública y a la Ley de Gestión de Intereses. En particular, menciona la obligación de consignar reuniones con personas que buscan influir en decisiones estatales. El documento recalca que la omisión de estos registros afecta la confianza ciudadana. La Comisión de Fiscalización propone que el Congreso evalúe otorgar facultades de investigación para profundizar el caso.





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