
El Gobierno de Jerí aprobó el decreto legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que surge de la fusión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ). La medida fue anunciada por el ministro de Justicia, Walter Martínez, tras la sesión del Consejo de Ministros.
"El día de hoy se llevó a cabo un consejo de ministros, quiero resaltar la aprobación del Decreto Legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), que es producto de la fusión del INPE y el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ)", señaló el titular del sector.
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Según explicó Martínez, la creación de la SUNIR responde a una reestructuración de fondo del sistema de internamiento, golpeado por denuncias de corrupción, deficiencias administrativas y una crisis persistente en el tratamiento penitenciario. "Es un cambio que supone una reforma organizacional, profunda y estructural, se elimina el Consejo Penitenciario, descentralizar servicios del Goes, el accionas de las oficinas encargar de procedimientos penitenciarios. Van a beneficiar el tratamiento penitenciario", afirmó.
"El señor Paredes ya no está, renunció y los cuestionamientos vienen siendo motivo de investigación. Hay una serie de problemas que aquejaban al INPE, la corrupción, acelerar procesas, a fin de que haya una gestión más eficiente, No solo nos enfocamos en temas de control, vamos darle énfasis a la resocialización", agregó Martínez.
Cabe recordar que en el mes de enero, Iván Paredes Yataco renunció irrevocablemente a la jefatura del INPE tras un reportaje de Cuarto Poder que reveló presuntas contrataciones irregulares y cuestionamientos públicos sobre su gestión, incluidos audios atribuidos a él y vinculados a posibles negociaciones indebidas, algo que la Fiscalía investiga como parte de un caso de presuntos sobornos y contrataciones irregulares en el organismo penitenciario.
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Uno de los cambios centrales es la eliminación del Consejo Penitenciario, órgano colegiado que hasta ahora conducía el INPE. En su lugar, la SUNIR contará con una jefatura institucional única, con perfil técnico especializado y criterios de idoneidad en materia penitenciaria. Según explicó Martínez, el objetivo es dejar atrás un esquema que diluía responsabilidades y ralentizaba decisiones, apostando por una gestión más ágil y con responsabilidades claramente definidas.
La reforma también apunta a la descentralización de funciones clave, como la operatividad del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), los procedimientos disciplinarios y los traslados de internos. Para el Ejecutivo, esto permitirá reforzar el principio de autoridad dentro de los penales. El ministro reconoció que el sistema penitenciario ha sido golpeado por la corrupción y la infiltración de organizaciones criminales, y aseguró que la nueva superintendencia aplicará una política de tolerancia cero frente a estos actos. “A nosotros no nos va a temblar la mano en aplicar las sanciones que correspondan”, sostuvo.
Otro eje central de la reforma es la clasificación de los internos. Martínez advirtió que la mezcla entre reclusos primarios y delincuentes de alta peligrosidad ha convertido a las cárceles en verdaderas “escuelas del crimen”. Como parte de la nueva política penitenciaria, anunció el traslado de cabecillas de organizaciones criminales, extorsionadores y secuestradores a penales de régimen más severo, como Challapalca, Yanamayo, Cochamarca y Ancón.
El decreto legislativo que formaliza la creación de la SUNIR será publicado en los próximos días en el Diario Oficial El Peruano, lo que permitirá iniciar su implementación. Con ello, el Gobierno busca marcar un punto de quiebre en la gestión penitenciaria. Queda pendiente la pregunta de fondo, si esta vez la reforma logrará atravesar el papel y transformar una realidad que, por años, ha resistido todos los intentos de cambio.

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