Caso Ciro Castillo: PJ admite a trámite apelación para anular orden de detención preliminar en su contra

El Poder Judicial decidió admitir a trámite el recurso de apelación presentado por el suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, con el objetivo de dejar sin efecto la orden de detención preliminar de 15 días dictada en su contra en el marco del caso conocido como Los Socios del Callao.

La medida fue acogida por el juez Edie Solórzano, quien consideró que el recurso cumple con los requisitos formales previstos en el Código Procesal Penal. Con esta decisión, la apelación será remitida a la Sala Penal de Apelaciones del Callao, que deberá evaluar su procedencia en una audiencia virtual en la que participen las partes involucradas.

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Castillo, que actualmente se encuentra en condición de “no habido”, busca que la instancia superior deje sin efecto la orden de detención preliminar que se emitió a solicitud de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao.

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También fueron admitidos los recursos presentados por otros implicados, incluidos Hiromi Zúñiga, Jimmy Whu y Rafael Moscaiza, quienes también se encuentran no localizados.

¿Por qué se investiga a Ciro Castillo?

La Fiscalía, en coordinación con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó la madrugada de este lunes 15 de diciembre un allanamiento a la vivienda del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, como parte de un megaoperativo en el marco de las investigaciones del caso 'Los Socios del Callao'. Las diligencias fiscales también alcanzan a otros 26 inmuebles vinculados a funcionarios y contratistas del Gore del Callao.

Según la tesis fiscal, esta presunta organización criminal, supuestamente liderada por Castillo Rojo, habría manipulado contrataciones en el Gobierno Regional del Callao y en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed) por un total de S/ 1.461.121,10.

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Para el Ministerio Público, funcionarios y empleados del Gobierno Regional habrían utilizado sus posiciones para adjudicar contratos igualo menor de 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a diversas empresas, con el propósito de eludir los procesos de selección que exige la ley.

Estas presuntas contrataciones irregulares habrían comenzado durante la gestión de Castillo, desde enero de 2023 hasta febrero de 2024, sumando un total de 63 adjudicaciones.