A tres años de la masacre de Ayacucho, las familias vuelven a caminar sin justicia

Lian tiene cinco años y hoy lleva el rostro de su padre, José Luis Aguilar Yucra, pegado al pecho, como si esa tela fuera la distancia más corta para tocarlo. En sus manos sostiene un cartel con el rostro de Dina Boluarte marcado por un aspa roja. José Luis murió el 15 de diciembre de 2022, durante la jornada más sangrienta de las protestas en Ayacucho: diez personas fallecieron ese día por impactos de armas de guerra disparadas por militares.

Su madre, Liz Mariela Pablo, repite una hora exacta como quien no quiere que el país la borre. Dice que recibió la última llamada de José Luis minutos antes del disparo. “Me dijo que me amaba”, recuerda. “Como una despedida”. Quince minutos después, alrededor de las siete de la noche, un proyectil del fusil Galil le atravesó la cabeza.

Lian no recuerda a su padre, pero lo reconoce. Lo toca. Lo nombra. Su madre cuenta que cada vez que llegan al cementerio el niño se adelanta unos pasos y señala la tumba. A sus cinco años, carga un duelo que no eligió y una ausencia que el Estado no ha explicado.

A tres años de la masacre, Ayacucho vuelve a concentrar su memoria en fechas precisas. Esta es la primera conmemoración sin Dina Boluarte en el poder, pero no es una conmemoración con justicia. Para las familias, el cambio político no ha significado verdad, sanción ni reparación.

Una conmemoración sin cierre judicial

Las actividades se extendieron entre el sábado 13, el domingo 14 y el lunes 15 de diciembre: exposiciones, actos culturales, misas, romerías y vigilias. La jornada culminó con la proyección de imágenes del día de la masacre, una secuencia que las familias observan con el cuerpo tenso, sabiendo exactamente en qué segundo cayó cada uno de los suyos.

El domingo, lejos del centro de Huamanga, Reider Rojas llegó al cementerio de Quinua para visitar la tumba de su hijo Clemer Fabricio Rojas García, de 22 años, estudiante de Senati. Es su rutina de todos los fines de semana desde que Clemer fue alcanzado en el tórax a las 3:23 de la tarde por munición de guerra.

Reider recuerda que este año volvió a bailar carnavales, pero no como antes. Salió con el sombrero que usaba su hijo y con su retrato prendido al pecho. Padre e hijo eran fundadores de la comparsa Los Huaraqueros de Quinua.
“Desde que ha fallecido mi hijo, nuestra vida ha cambiado totalmente”, dice. “Se han truncado nuestros proyectos. Esto ya no es vida”.

En otra zona de la ciudad, Yovana Mendoza se detiene frente a un nicho simbólico instalado en el lugar donde su hermano Jhon Mendoza Huarancca fue abatido. No es un cementerio: es una cuneta. Ahí, según su testimonio, Jhon fue rematado. Dos orificios de entrada y dos de salida. Para ella, que presenció la necropsia, ese dato lo resume todo.

“Yo vi cómo lo abrieron, cómo lo serrucharon. Eso nadie te lo quita de la cabeza”, dice. Desde entonces, viste de negro. Habla de garantías de no repetición. Dice que no quiere que su hijo o su futuro nieto pasen por lo mismo.

El caso fiscal y las diligencias tardías

La investigación fiscal no ha avanzado al ritmo de la magnitud del crimen. Recién en septiembre de este año se realizaron la reconstrucción de los hechos y la pericia balística. El plazo de investigación preliminar venció en octubre y, según la defensa, las familias no fueron notificadas formalmente de una ampliación.

El abogado Henry Mercado, parte del equipo legal, describe a los deudos como “quebrados” tras tres años de espera. Advierte que iniciativas legislativas orientadas a eximir de responsabilidad penal a militares y policías constituyen una nueva forma de revictimización cuando el caso aún está en investigación.

La doctora Gloria Cano, de Aprodeh, precisa que la Fiscalía ha solicitado una ampliación del plazo y que las diligencias se encuentran en etapa final.
“Hay elementos suficientes para formular acusación”, señala. Cano subraya además un punto central: durante todo el proceso no se ha logrado demostrar ningún vínculo de las víctimas con organizaciones terroristas, pese a que esa narrativa ha sido usada reiteradamente para justificar las muertes. Aquí se mató a inocentes.

Sobrevivir

En los actos de conmemoración también están los heridos. Cristian León camina con dificultad. Tiene una bala alojada cerca de la arteria femoral en la pierna izquierda. Los médicos le han dicho que extraerla implica un alto riesgo de que no vuelva a caminar.

“Antes podía cargar, moverme, trabajar”, dice. “Ahora no”. Cuenta que trabajaba en distribución y que también jugaba fútbol. Desde el 15 de diciembre de 2022, nada de eso volvió a ser posible.

Con el paso del tiempo, el dolor se ha intensificado. “Al inicio podía desplazarme. Ahora la bala me afecta más. Tengo dolores constantes”, explica. Vive con la certeza de que la munición sigue dentro de su cuerpo, como una prueba que no ha sido retirada ni por la justicia ni por la medicina.

Otro sobreviviente relata la pérdida del ojo derecho por impacto de proyectil. Sufre dolores permanentes de cabeza y debe usar lentes de manera constante. “Yo no estaba protestando”, dice. “Solo estaba observando lo que pasaba”. Su vida laboral se vio interrumpida y su rutina quedó marcada por las secuelas.

Ambos coinciden en algo: la vida después del 15 de diciembre no volvió a ser normal. Y ambos recuerdan el trato inicial en hospitales como deficiente y deshumanizado. Sus secuelas no figuran en ningún discurso oficial.

Escenas de dolor

A unas cuadras del aeropuerto, Sheyla Prado Cisneros vuelve al lugar donde murió su padre, Edgar Prado Arango. Él se agachó para auxiliar a un herido y fue alcanzado por un disparo a las 5:54 de la tarde, en la puerta de su casa.

“No había ambulancias. No había Cruz Roja”, recuerda. Lo cargaron hasta una camioneta. Su último recuerdo es verlo entubado. “Me miró con sus ojitos y ahí murió”, dice.

Edgar estaba preparando una fiesta para celebrar los cinco meses de su nieto Gael. Planeaba disfrazarse de oso. Gael tenía cuatro meses cuando se quedó sin abuelo. Hoy tiene tres años. En la familia, la muerte de Edgar también afectó a los mayores: su padre fue operado del corazón y no puede llorar ni entristecerse sin riesgo.

Política, impunidad y memoria

La conmemoración ocurre en medio de un debate legislativo que las familias leen como una amenaza directa. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, impulsa una norma para eximir de responsabilidad penal a militares y policías que usen armas en contextos de protesta y protección de “activos críticos”, como el aeropuerto de Ayacucho, pese a que los hechos ocurrieron cuando la zona ya estaba bajo control militar.

A ello se suma un antecedente político clave. El 18 de julio de este año, el actual presidente José Jerí sustentó el informe que recomendó archivar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes en protestas. Según Jerí, la Fiscalía no había presentado elementos suficientes para acusar a la exmandataria.

Para las familias, ese blindaje explica por qué, tres años después, no hay detenidos.

Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, advierte que la propuesta de Rospigliosi envía una señal de impunidad y se articula con otros intentos de debilitar el sistema de justicia. También alerta sobre el impacto psicoemocional en niños huérfanos y familias sin reparación.

Las familias rechazan el “terruqueo” como explicación. Insisten en que sus muertos eran estudiantes, trabajadores, padres. En Ayacucho, una frase se repite con amargura: la ciudad volvió a oler a pólvora.

Así lo resume Adelina García, expresidenta de Anfasep:
“Yo escuchaba las balas y decía: Dios mío, ¿a cuántas personas ya habrán matado?. Lloraba. Yo no vivo en paz porque no sé dónde está mi esposo. Ellos al menos han podido enterrar a sus muertos”.

Los nombres

Las víctimas del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho fueron:

Christopher Ramos Ayme (15)
Josué Sañudo Quispe (31)
Jhon Mendoza Huarancca (34)
Raúl García Gallo (35)
Clemer Fabricio Rojas García (22)
Luis Urbano Sacsara (22)
Edgar Prado Arango (51)
José Luis Aguilar Yucra (20)
Leonardo Hancco Chaca (32)
Jhonatan Alarcón Galindo (19)

Diez vidas truncadas en una sola tarde

La misa del 15 de diciembre congregó a familias y vecinos. Luego vino la romería. Polos con rostros impresos, velas, abrazos que no alivian. La memoria en Ayacucho no es un acto aislado: es un recorrido.

Por ello, también estuvieron presentes Elizabeth Santisteban, hermana de Víctor Santisteban —asesinado en Lima el 28 de enero de 2023 por el impacto de una bomba lacrimógena— y Milagros Samillán, hermana del médico Marco Antonio Samillán, asesinado el 9 de enero de 2023 en Juliaca cuando auxiliaba a un herido.

Al final del día, Lian vuelve a tocar la foto de su padre. Su madre lo observa en silencio. Tres años después, el caso sigue suspendido entre dos tiempos: el de la vida que se detuvo y el de una justicia que aún no llega.

En Ayacucho, la conmemoración sigue siendo, al mismo tiempo, memoria y reclamo.