
El juicio contra Martín Vizcarra por presuntos sobornos de constructoras durante su gestión como gobernador de Moquegua entra en su fase final este jueves 13 de noviembre. La Fiscalía, representado por el fiscal Germán Juárez, presentará sus alegatos finales ante el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, durante la audiencia del proceso que lleva más de un año.
La audiencia está programada para las 8:30 de la mañana y, según lo dispuesto por la jueza Fernanda Ayasta, cada una de las partes —Fiscalía, Procuraduría y defensa del exmandatario— dispondrá de una hora y media para exponer sus argumentos. Con ello, el proceso por las presuntas coimas vinculadas a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua se acerca a su conclusión.
Para el jueves 20 de noviembre se fijó la siguiente sesión, en la que intervendrán los terceros civilmente responsables y el propio Vizcarra, quien ejercerá su “defensa material”, es decir, su última oportunidad para dirigirse directamente al tribunal antes de la sentencia. La defensa busca desacreditar la tesis fiscal que sostiene que el exgobernador recibió pagos ilegales de las empresas Obrainsa e ICCGSA.
La Fiscalía acusa al exjefe de Estado de haber cobrado S/2,3 millones en sobornos: un millón por la adjudicación de Lomas de Ilo y 1,3 millones por el Hospital de Moquegua. Por estos hechos, se le imputa el delito de cohecho pasivo propio, y se solicita una condena de 15 años de prisión. La Procuraduría Pública exige más de S/4,6 millones de reparación civil en favor del Estado.
El caso Lomas de Ilo está vinculado a la empresa Obrainsa, que, según la investigación, habría pagado S/1 millón a Martín Vizcarra a cambio de la adjudicación del proyecto de irrigación. En tanto, la compañía ICCGSA habría entregado S/1,3 millones por la buena pro del Hospital de Moquegua, obras ejecutadas durante su gestión regional. Ambas constructoras también son investigadas en otros procesos de corrupción.
Vizcarra ha negado de forma reiterada todas las imputaciones. Su defensa sostiene que no existen pruebas directas que lo vinculen con los pagos ilícitos y acusa a la Fiscalía de construir un caso basado en testimonios inconsistentes. Vizcarra ha insistido en que las acusaciones forman parte de una campaña para desacreditarlo políticamente tras su salida del poder en 2020.
De ser hallado culpable, Martín Vizcarra podría enfrentar una pena efectiva y quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos. El fallo se conocerá después de escuchar los alegatos finales y la última palabra del acusado, en las siguientes semanas.

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