
Georgina Gamboa tenía 17 años cuando efectivos de la policía llegaron a su casa, en la comunidad ayacuchana de Parcco y la secuestraron. Era enero de 1981. Nunca olvidará ese día pues la torturaron y violaron acusándola de terrorismo. Producto de la violencia que sufrió, tuvo una hija, quien la acompañó durante la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizada el miércoles 24 de setiembre, donde llegó a buscar la justicia y reparación que se le negó en Perú.
Relató que fue detenida brevemente por efectivos de la Policía a fines de diciembre de 1980 junto a su madre para declarar por el asesinato de un hacendado en una localidad cercana a la suya. Posteriormente, el 17 de enero de 1981 la sacaron en la madrugada de su casa, acusándola de terrorista.
"Vinieron sinchis, en la madrugada, habrá sido las 4 de la mañana. Entraron a mi casa, pateando, rompiendo la puerta, y me saca de la cama. Me saca jalándome de mi cabello, con mi ropa de dormir, y nos traslada a la plaza", detalló.
"Me pregunta dónde escondí el arma y comienzan a buscar la casa. Tenemos allí lo que usamos en el campo, machete y cuchillo. Todo lo juntaron... Rebuscaron todas las casas, mataron una vaca para que le manda cocinar y el resto de la carne llevaron a Vilcas. A mí también", recordó Georgina, quien ahora tiene 61 años.
Contó que esa noche trasladaron a varias personas al puesto de Vilcashuamán, siendo ella la única mujer. La dejaron sola en un cuarto oscuro y por la noche la torturaron y agredieron sexualmente. "Entran en la noche. 'Eres terruca' diciendo, me golpean y comenzaron a penetrarme, a hacerme violación. He sufrido violación. Eran varios, como siete personas que me golpearon», sostuvo visiblemente afectada.
Al día siguiente la llevaron a la Policía de Investigaciones de Huamanga, tras lo cual fue derivada a prisión de adultos, en Ayacucho, pese a ser menor de edad, donde se enteró que estaba embarazada.
Los responsables fueron procesados, pero los absolvieron en 1986. En 2005, tras dar su testimonio a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, intentaron reabrir el caso, pero las autoridades judiciales rechazaron el pedido para que se pudiera hacer una prueba de ADN a los acusados, por considerar que el caso ya estaba cerrado.
"Necesito justicia, reparación para mí, para mi familia, para mis hermanos", solicitó. En el marco de las reparaciones económicas que dio el el Estado a las víctimas de la violencia política entre 1980 y 2000, Georgina recibió S/ 5.000, y nunca recibió atención psicológica por las torturas a las que fue sometida.

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