
La Policía Nacional del Perú (PNP) no reconoció los ataques realizados contra los ciudadanos en la marcha de la Generación Z contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, el último sábado 20 de septiembre.
A través de un comunicado compartido en redes sociales, en el que también coloca fotos de efectos policiales con armas en mano, la PNP no asumió la responsabilidad de la represión con perdigones y bombas lacrimógenas hacia los manifestantes. En su publicación en su cuenta oficial de X, las institución aseguró que "su compromiso es garantizar que toda movilización se realice en un ambiente seguro, protegiendo tanto a quienes ejercer su derecho a protestar como a quienes desean transitar, trabajar y vivir en tranquilidad".
Comunicado de a PNP en redes sociales
No obstante, durante las manifestaciones, diversos ciudadanos y periodistas resultaron heridos con bala de perdigones. Estos hechos contradicen la versión policial compartida en la red social X (antes Twitter).
Es preciso recalcar que la reportera y camarógrafo de Exitosa, Jahaira Pacheco y Percy Grados, fueron impactados con perdigones y tuvieron que ser ingresados de emergencia en el Hospital Edgardo Rebagliati. Mientras que su colega, Diego Quispe, quien fue miembro del diario La República, también fue herido por una bala de perdigón en la espalda cuando cubría pacíficamente las marchas.
Tras los ataques denunciados, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) rechazó el accionar policial contra los comunicadores, quienes se encontraban informando sobre las marchas en el Centro de Lima.
Durante la movilización conocida como "Generación Z", un manifestante sufrió lesiones en la cabeza y los brazos tras ser golpeado por agentes de la Policía Nacional. El ciudadano recibió atención inmediata de brigadas de salud presentes en el lugar, en un contexto de denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos.
La represión se intensificó cuando agentes de la Policía Nacional cerraron los accesos a la Plaza San Martín para impedir que los manifestantes avanzaran hacia el Congreso. Los participantes denunciaron que fueron cercados por la policía, lo que provocó corridas y enfrentamientos en el centro de Lima.
Organizaciones civiles y usuarios en redes sociales responsabilizaron al Gobierno por la violencia y afirmaron que el despliegue policial tenía como objetivo amedrentar a quienes protestaban pacíficamente contra la presidenta Dina Boluarte y el Parlamento.





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