
La comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrea Pochak, lamentó que la presidenta Dina Boluarte promulgara la Ley de Amnistía el último 13 de agosto, a pesar de que la Corte IDH le ordenó frenar la oficialización de la norma con el fin de garantizar la búsqueda de la justicia para los casos Barrios Altos y La Cantuta. En ese sentido, Pochak alertó que el Perú integra el ranking de los países con mayores desacatos a la Corte IDH y advirtió que son más de 20 casos.
Durante una entrevista para RPP, la comisionada recordó que la Corte IDH se pronunció en 2001 en contra de las amnistías para los crímenes de lesa humanidad debido a que "son incompatibles con la Convención Americana y no pueden estar vigentes". En esa misma línea, resaltó que, desde hace 20 años, el organismo internacional supervisa desde las decisiones que se tomen en el Perú.
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"Esto tiene que ver con varias sentencias, por lo menos dos, de Barrios Altos y La Cantuta, que la Corte Interamericana emitió a partir del año 2001. Y estos son desacatos. Perú ya viene acumulando más de 20 desacatos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esto coloca a Perú en una situación particular. En la región hay muy pocos países que tienen este récord de desacatos. Nosotros lamentamos desde la Comisión Interamericana que Perú integre el ranking de los países con más desacatos a la Corte Interamericana", enfatizó.
Por otra parte, la integrante de la CIDH rememoró las veces que el organismo internacional alerto al Perú de desacatos a los tratados de los que forma parte, como en el indulto al exdictador Alberto Fujimori y la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad impulsada en el Congreso en 2024.
La autógrafa impulsada desde la Comisión de Constitución del Congreso — liderado por el fujimorista Fernando Rospigliosi — otorga "amnistía" a las miembros de las Fuerzas Armadas, PNP y Comités de autodefensa procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000. Asimismo, brinda por "razones humanitarias" libertad a las personas sentenciadas por los mismos motivos.
Por otro lado, Pochak mencionó que ahora quedará en manos de los magistrados del Poder Judicial si decide aplicar la norma e instó a respetar los tratados de los cuales el Perú forma parte. "En este caso, la ley no es constitucional, no es convencional. Y los jueces no deben aplicarla".
En otro momento, la comisionada de la CIDH cuestionó la norma y el papel que realizó el Congreso en el origen de la Ley de Amnistía y aseveró que con ello se beneficiarían "asesinos, torturadores, violares y secuestradores" que participaron en el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.
"Es una ley que se trató en el Congreso. En ese momento nosotros dijimos que era una ley incompatible con los tratados de derechos humanos y que no habían escuchado a las víctimas. Porque acá lo que estamos tratando de mostrarle al pueblo peruano es que a quienes están beneficiando es a torturadores, es a violadores, es a asesinos, bajo el ropaje de un término jurídico, de un término político, se está beneficiando con la libertad a asesinos, a torturadores, a secuestradores, a violadores de mujeres", resaltó.
"Nosotros lamentamos que las autoridades peruanas del Congreso y del Gobierno se alíen con sectores que lo que buscan es la impunidad para estos asesinos. Realmente pone a Perú y pone a la democracia de Perú en fuerte riesgo", acotó.
La Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos (CNDDHH) advirtió que la aprobación de esta ley impacta a 156 casos con sentencias definitivas por delitos graves contra los derechos humanos ocurridos entre 1980 y 2000, además de más de 600 procesos judiciales que están actualmente en trámite.
"(…) Constituye una afrenta al derecho a la verdad, la justicia y la reparación de miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y masacres perpetradas en ese período", dijo.
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En tanto, Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló que aproximadamente 300 militares y policías que han sido juzgados o condenados por violaciones a los derechos humanos podrían verse favorecidos por esta ley. En este momento, la decisión sobre su aplicación queda en manos de los jueces.
"En muchos casos en que se buscaba acogerse a la llamada Ley de Impunidad, solo uno prosperó. En la mayoría, el Poder Judicial resolvió que debía actuarse mediante sentencia, lo que implica que esos pedidos fueron desestimados. Con la Ley de Amnistía es muy probable que ocurra lo mismo, aunque las circunstancias no son idénticas", recordó.
En tanto, al ser consultada por la decisión del Gobierno de Dina Boluarte para promulgar la norma y de los ataques de la mandataria a la Corte IDH, Andrea Pochak calificó como un "desacato" la postura del Ejecutivo.
"Esa posición es realmente un claro desacato a las decisiones de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana en el año 2001 se pronunció en contra de las amnistías por los crímenes de esa humanidad cometidos en Perú", exclamó.
De igual manera, recalcó las consecuencias que traería la promulgación de la norma, como la "fuerte resistencia de la víctimas que no están dispuestas a sostener la impunidad". "Desde la Comisión Interamericana estamos absolutamente preocupados por este claro desacato, este claro enfrentamiento de Perú que públicamente dice que respetan los compromisos, para la protección y la promoción de derechos humanos y luego realizan estos actos claramente contrarios a los estándares del derecho internacional", dijo.

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