
El Gobierno de Dina Boluarte publicó en la separa de normas legales del diario El Peruano la Ley N° 32419, aprobada por el Congreso que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y los Comités de Autodefensa procesados por graves delitos de violación de los derechos humanos en el conflicto armado interno entre los años 1980 al 2000. La promulgación de la norma oficializa el desacato del gobierno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tribunal internacional que solicitó frenar la promulgación de la norma con el fin de garantizar el acceso a la justicia en los casos Barrios Altos y La Cantuta, ocurrido durante la dictadura de Alberto Fujimori.
El inciso 1 del artículo 1 de Ley N°. 32419 indica "se concede amnistía a los miembros de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos, derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000".
Luego, en el inciso 2 anota que "los efectos de la presente ley no son aplicables a los denunciados o imputados por terrorismo o por delitos de corrupción de funcionarios, quienes deben ser objeto de los procesos penales correspondientes, de conformidad con las normas pertinentes.
En tanto, que en el artículo 2 de la mencionada ley se concede amnistía de carácter humanitario para los adultos mayores. "Se concede amnistía de carácter humanitario a los adultos mayores de setenta años miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa, que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada o se encuentren en trámite de ejecución de sentencia, con pena privativa de libertad efectiva o suspendida, por delitos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000, siempre que no hayan sido condenados por delitos de terrorismo ni por delitos de corrupción de funcionarios".
La norma cuenta con la firma del expresidente y vicepresidenta del Congreso, Eduardo Salhuana y Patricia Juárez, y la mandataria Dina Boluarte y el primer ministro Eduardo Arana.
Ley de Amnistía es oficial en El Peruano
En una resolución emitida el 24 de julio, la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, fundamentó su decisión en los principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de promover la justicia. Además, instó a los jueces a no aplicar dicha norma en caso de que sea promulgada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatizó que la suspensión de la norma sería hasta que la Corte IDH revise la solicitud de ampliación de medidas provisionales y evalúe su impacto en los casos de La Cantuta y Barrios Altos. En la resolución de la presidenta del organismo internacional, se recordó que el Estado peruano violó los derechos de los ciudadanos de manera extrajudicial.
El caso Barrios Altos ocurrió el 3 de noviembre de 1991, cuando un grupo de seis hombres encapuchados y armados, pertenecientes al Grupo Colina, irrumpió de manera violenta en una casa del distrito de Barrios Altos, en Lima, donde se celebraba una pollada. Los agresores ordenaron a los asistentes que se tiraran al suelo y comenzaron a dispararles sin piedad, alegando que estaban vinculados a actividades terroristas. En total, 15 personas murieron en el ataque, entre ellas un niño de solo 8 años, Javier Ríos Rojas.
Meses después, el 18 de julio de 1992, un profesor y sus nueve alumnos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle, conocida como 'La Cantuta', fueron secuestrados y posteriormente desaparecidos. Un año más tarde, sus cuerpos fueron encontrados en fosas comunes.
La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, se pronunció sobre la Ley de Amnistía que promulgó Boluarte y lo calificó como una "traición a las víctimas" de los casos Barrios Altos, La Cantuta y otros.
"Esta ley es simple y llanamente una traición a las víctimas. La ley socava décadas de esfuerzos que buscan garantizar la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas y debilita aún más el Estado de derecho en el país", resaltó.
"Con esta decisión, el Perú se une a Nicaragua, Venezuela y otros países que desafían el sistema interamericano de derechos humanos despreciando los derechos de las víctimas. (...) El proyecto de ley de amnistía nunca debió ser promulgado y debería ser derogado", acotó tras recordar los 150 casos y 600 investigaciones pendientes que estarían en peligro, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

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