Congreso aprueba ley de amnistía para policías y militares procesados por violaciones de derechos humanos

El Congreso de la República aprobó este 11 de junio el dictamen que concede una amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000), una medida que ha sido ampliamente criticada por defensores de los derechos humanos.. La norma recibió 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones en el Pleno del Parlamento.

La propuesta, impulsada por la Comisión de Constitución presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi , plantea que las personas sin sentencia firme o con procesos abiertos por presuntas violaciones de derechos humanos puedan beneficiarse de la amnistía, con excepción de aquellos procesados por delitos de terrorismo o corrupción.

También incluye a sentenciados mayores de edad avanzada, lo que podría beneficiar a exjefes militares con condenas por casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta.

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Bancadas conservadoras apoyaron el proyecto

El congresista Rospigliosi defendió la medida y argumentó que se trata de una acción "justa y necesaria". En el debate del hemiciclo sostuvo que muchos militares "están sometidos a interminables procesos judiciales" y que "son procesos que no sirven a la justicia sino a la revancha". A su vez, el legislador Jorge Montoya (Honor y Democracia) calificó la ley de injusta. "Se abrieron juicios interminable, es manipulación de la justicia", manifestó en el Pleno.

Por su parte, la congresista Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) rechazó este proyecto y solicitó una cuestión previa para que el dictamen regrese a ser evaluado en la Comisión de Constitución; sin embargo, este no prosperó. "Es un dictamen nefasto, casos como el de Putis, la masacre contra campesinos, esto no se trata de premiar a los malos de la institución, se trata de separar a estos elementos", puntualizó la parlamentaria.

En ese mismo sentido, el legislador Alex Flores (Bancada Socialista) se sumó al rechazo de la ley. "No podemos pretender amnistiar a los responsables de violaciones a DD.HH., hablar de amnistía es hablar de impunidad y de injusticia, no podemos pasar por alto la muerte de campesinos", sentenció. Misma opinión tuvo su colega de bancada, Jaime Quito, quien dijo que "nunca se ve a las víctimas y familiares" e hizo un llamado a "no permitir la impunidad" con esta ley.

Además, diversas voces han advertido que esta ley representa un grave retroceso en la lucha contra la impunidad. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló en un comunicado que esta amnistía "viola los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano" y puede colocar al país en una situación de desacato ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “No se puede pasar por alto crímenes como las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales o torturas cometidas al amparo del poder estatal”, advirtió la entidad.

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Además de la desaprobación de organizaciones de derechos humanos, la medida ha sido rechazada por el propio Ministerio Público. La fiscal Delia Espinoza, declaró que "la Corte Interamericana ya fue clara: las leyes de amnistía por crímenes de lesa humanidad son inadmisibles. Si esta norma se aprueba, el Perú va a incumplir sus obligaciones internacionales".

Este nuevo intento de amnistía, similar a uno que impulsó el régimen de Alberto Fujimori en los años 90, podría obstaculizar la verdad, la justicia y la reparación para miles de víctimas del conflicto armado interno. Aunque el dictamen fue defendido como una medida "humanitaria", para sus críticos es una muestra de cómo el actual Congreso busca consolidar impunidad para sectores vinculados al poder político y militar.

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