
Ayer por la noche, renunció el primer ministro Gustavo Adrianzén, en vista de que era inminente que el Congreso iba a aprobar su censura. “Auguro grandes éxitos en los meses que resta de este Gobierno (…). Más temprano que tarde se sabrá que lo hicimos todo por el Perú”, dijo en su mensaje a la nación, acompañado de los demás miembros del gabinete y la presidenta Dina Boluarte.
La mandataria no tuvo otra opción que aceptar la dimisión. Horas antes, buscó sin éxito evitar la censura cambiando a tres ministros de Estado.
En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puso al mando al exministro de Transportes Raúl Pérez-Reyes como reemplazo de José Salardi. Pérez-Reyes fue cuestionado y estuvo a punto de ser interpelado por el retraso en las operaciones del nuevo aeropuerto Jorge Chávez.
En la cartera del Interior fue designado el oficial en retiro Carlos Malaver, en lugar de Julio Díaz Zulueta, quien duró menos de dos meses como ministro. Zulueta había reemplazado al censurado Juan José Santiváñez, quien ahora trabaja en el Despacho Presidencial.
Como ministro de Transportes, asumió el cargo César Sandoval Pozo, militante de Alianza para el Progreso (APP), partido que, a través de un comunicado, afirmó que no autorizó la designación.
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Lo concreto es que con Sandoval y César Vásquez de ministro de Salud hay dos afiliados de APP en el gabinete ministerial.
Estos cambios fueron rechazados por las bancadas que impulsaron las cuatro mociones contra Adrianzén. Minutos después de la ceremonia de juramentación de los tres ministros, Fuerza Popular anunció su apoyo a la censura.
Con el fujimorismo a favor, solo quedaban APP y un grupo minoritario de congresistas para oponerse a la salida de Adrianzén.
La proyección de votos apuntaba a que más de 70 parlamentarios iban a respaldar las mociones en la sesión del Pleno que había sido convocada para hoy a las 10 a.m.
Luego del comunicado de Fuerza Popular, fuentes adelantaron a La República que Adrianzén había presentado su renuncia. Minutos después, los ministros de Estado fueron otra vez a Palacio de Gobierno para preparar un mensaje a la nación. Al final, a las 8 p.m., Adrianzén anunció su dimisión.
Al cierre de esta nota, todavía no había jurado el nuevo primer ministro. La caída de Adrianzén implica que Boluarte deba reconformar su gabinete ministerial. Uno de los nombres voceados para liderar la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es el ministro de Justicia, Eduardo Arana.
Arana es una figura clave en el Ejecutivo. Ha defendido a Boluarte y las decisiones polémicas del Gobierno, como el indulto al exdictador Alberto Fujimori.
El nuevo primer ministro deberá pedir el voto de confianza del Congreso en un plazo no menor de 30 días y presentar su plan de trabajo ante el Pleno. Eso implicará que inicie la tradicional ronda de diálogos con todas las bancadas, en búsqueda de los votos que den luz verde al gabinete ministerial.
La caída de Adrianzén refleja que en el Congreso, a medida que avanza el año electoral, crece la oposición al Gobierno.
Este miércoles se oficializó la resolución que da cuenta de la salida de todos los ministros de Estado. Eso significa que en estos momentos, el país no tiene autoridades que dirigan las 19 carteras del Ejecutivo. Se trata de una situación atípica por la coyuntura de inseguridad ciudadana.
En el Congreso, el titular de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, le pidió a Boluarte que evalúa designar como primer ministro a alguien que esté alejado del entorno presidencial. En Palacio, la premura pasa por salir de esta encrucijada para que el Pleno debata el pedido de Boluarte para viajar al Vaticano. Esa es la prioridad.
Tras la muerte de 13 trabajadores mineros en Pataz, La Libertad, en el Congreso fueron impulsadas cuatro mociones de censura contra Gustavo Adrianzén.
Una de las motivaciones fue que el premier no había confirmado la información sobre el secuestro de los 13 trabajadores, que días después fueron encontrados sin vida.
La crisis de inseguridad ciudadana ocasionó la salida de un nuevo ministro. En marzo, por lo mismo fue censurado el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez. En aquella oportunidad, Fuerza Popular también se sumó al bloque de la oposición para exigir la dimisión de Santiváñez. Al final, la censura fue aprobada en el Congreso.

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