
Nuevo revés para el etnocacerismo. El Poder Judicial rechazó la última apelación presentada por el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), agrupación política liderada por Antauro Humala. Este recurso judicial buscaba la nulidad de la sentencia que declaró ilegal al partido etnocacerista. Pese a los intentos de sus integrantes por revertir la decisión de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, el partido A.N.T.A.U.R.O. continuará siendo considerado ilegal.
De esta manera, el Poder Judicial ratifica su fallo en primera y segunda instancia, en el que argumentó que, según el artículo 14 de la Ley N.º 28094 (Ley de Organizaciones Políticas), un partido puede ser declarado ilegal si se demuestra que sus actividades son contrarias a los principios democráticos, como la promoción de la violencia o la persecución.
La República se contactó con Rubén Ramos Zapana, secretario del partido A.N.T.A.U.R.O., quien afirmó no tener conocimiento detallado sobre la decisión del Poder Judicial. Al ser consultado sobre el fallo, Ramos Zapana aseguró que agotarán todas las instancias legales correspondientes tanto a nivel nacional como internacional.
Resolución del Poder Judicial rechazando recurso interpuesto para anular condición de ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O. | Foto: PJ.
"Nosotros necesitamos agotar todas las instancias para poder recurrir a órganos superiores, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí solo admiten casos cuando se han agotado todos los recursos nacionales", señaló.
"(...) Nosotros mantenemos la esperanza. En todo caso, confiamos en que instancias internacionales restablecerán la legalidad del partido. (...) Primero iremos al Tribunal Constitucional. No sabemos cuánto tiempo tomará, pero una vez finalizado ese proceso, acudiremos de inmediato a instancias internacionales", agregó.
El Poder Judicial resolvió declarar ilegal al partido político A.N.T.A.U.R.O. por diversos motivos. En primer lugar, se tomó en cuenta que su líder, Antauro Humala, posee antecedentes penales relacionados con delitos graves. Además, se consideró que la organización promueve la violencia al incentivar el uso de la fuerza como medio para alcanzar objetivos políticos. Asimismo, el tribunal determinó que esta agrupación representa una amenaza para la democracia, pues plantea la disolución del Congreso y la modificación de la Constitución sin recurrir a la voluntad ciudadana. Finalmente, se argumentó que la existencia de este partido pone en riesgo la estabilidad del país, afectando tanto la democracia como la paz social.
Esta decisión fue adoptada tras la presentación de argumentos por parte de la Fiscalía de la Nación, que señaló el carácter antidemocrático de la agrupación y su potencial peligro para la seguridad de la población. Según el Ministerio Público, las actividades de esta organización vulneraban los principios democráticos y fomentaban actos que ponían en riesgo la integridad ciudadana.
Al declararse ilegal el partido, se dispuso también la cancelación de su registro político, el cierre de sus sedes y la prohibición de reinscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas. Estas medidas buscan garantizar el orden institucional y evitar la continuidad de prácticas contrarias a la democracia.
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