Maritza Sánchez, exasistente de Pedro Castillo y Dina Boluarte durante las elecciones presidenciales de 2021, se pronunció sobre las presuntas irregularidades en la designación de prefectos y subprefectos en el que está involucrado Nicanor Boluarte, quien actualmente se encuentra no habido tras la decisión del Poder Judicial de dictarle 36 meses de prisión preventiva.
Según Sánchez, indicó que los prefectos y subprefectos designados se reunían con frecuencia para organizar estrategias políticas que favorecieran al partido mencionado, desviándose de sus funciones originales. Este accionar, según la fiscalía, reforzaría la hipótesis de una red liderada por Nicanor Boluarte, conocido entre los involucrados como el "número dos", mientras que Dina Boluarte habría sido considerada el "número uno".
Cuando se le consultó sobre el conocimiento de la presidenta respecto a los nombramientos, Sánchez expresó que, debido a la cercanía entre ambos hermanos y la influencia de Nicanor en decisiones importantes, es posible que Dina Boluarte estuviera al tanto de estas irregularidades. "Para que esas personas estén sentadas ahí como prefectos o subprefectos, alguien debió autorizarlo. Las resoluciones salen firmadas por la presidenta de la República y por el ministro del Interior", dijo para RPP.
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Maritza Sánchez es colaboradora de la Fiscalía. Foto: Antonio Melgarejo/La República
El Ministerio Público sostiene que Nicanor Boluarte habría utilizado su influencia para posicionar a personas afines a sus intereses en cargos estratégicos, como prefecturas y subprefecturas, así como en instituciones como el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y Provías Descentralizado. Estas acciones tendrían como objetivo beneficiar políticamente al partido Ciudadanos por el Perú. Actualmente, Nicanor enfrenta una orden de 36 meses de prisión preventiva.
“Mi deducción razonada es que no solo puede haber estado al tanto, debe haberlos encargado. El hombre de la nada no va a dedicarse a esa tarea y los demás obedecer. Debe haber tenido un poder de colocar o sacar como lo estamos viendo”, agregó.
Maritza Sánchez fue la exasistente de Pedro Castillo y Dina Boluarte durante las campañas de Perú Libre en 2021, en la cual la ahora mandataria fue candidata a la vicepresidencia. Actualmente, Sánchez colabora con el Ministerio Público en el marco de las investigaciones relacionadas con el presunto financiamiento irregular y de fondos no declarados durante su campaña.
Según Sánchez, Henry Shimabukuro, empresario y exasesor de Pedro Castillo, habría cubierto los costos de la campaña electoral de Dina Boluarte, un alredor de S/800.000. Algunos de estos, según su testimonio, no habrían sido reportados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La exasesora ha proporcionado material como audios y chats de WhatsApp donde se confirmaría los presuntos aportes ilegales. Por su parte, Dina Boluarte ha negado cualquier financimiento electoral ilícito.
El abogado defensor de Nicanor Boluarte señaló que su cliente no contempla entregarse a las autoridades en el contexto del proceso judicial relacionado con el caso denominado "Los Waykis en la Sombra". Asimismo, calificó de arbitraria y con presuntas motivaciones políticas la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho. Según el jurista, esperarán el resultado del recurso de apelación presentado contra la medida de prisión preventiva emitida contra Boluarte.
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"Nosotros vamos a esperar a que nuestra apelación sea analizada por la Corte Superior y en ese momento es que se tomará la decisión de someterse o no a la decisión del Poder Judicial. Mientras la decisión no sea firme, nosotros no podríamos adelantar un juicio de calificarlo como prófugo, ni tampoco evaluar el sometimiento a una decisión que a todas luces es arbitraria", dijo para los medios.