La Ley 32108, promulgada a inicios de agosto por el Congreso, sigue siendo tema de debate. Diversas organizaciones, entidades públicas y privadas han alertado que la norma beneficia a las organizaciones criminales tras la nueva tipificación del delito y definición para que una agrupación delictiva sea considerada como una organización criminal. Pero también otras implicancias más delicadas, como el tema de los allanamientos, que retrasan la lucha contra la ola de criminalidad que afronta el país.
Sin embargo, para la mayoría de los congresistas, la percepción que tienen sobre la Ley 32108 es diferente. El parlamentario Américo Gonza de Perú Libre, en recientes declaraciones para la prensa, defendió la norma que fue aprobada cuando él era presidente de la Comisión de Justicia y dijo que esta cierra "un vacío que permitía que los fiscales negociaran la libertad de los criminales". No obstante, la ley también beneficiaría a más de 10 congresistas investigados por organización criminal.
Catorce congresistas de diversas bancadas fueron incluidos en una investigación que se le sigue a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente liderar una organización criminal. Las acusaciones incluyen presuntas coordinaciones políticas indebidas, como en el caso de Patricia Chirinos, quien habría colaborado en la presentación de una moción contra la Junta Nacional de Justicia, o la fujimorista Martha Moyano, que habría solicitado la remoción de fiscales del Equipo Lava Jato.
Según la Fiscalía, dos de los catorce congresistas serían coautores de la organización criminal presuntamente liderada por Patricia Benavides:
Fiscalía incluye a dos congresistas como presuntas coautoras del delito de organización criminal. | Foto: La República.
Los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza están implicados en la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público en el marco del caso "Los Niños". A ellos se les acusa de haber formado parte de una presunta organización criminal en alianza con el expresidente Pedro Castillo.
La tesis fiscal sostiene que los cuatro congresistas votaron en contra de las mociones de vacancia presidencial contra Castillo Terrones a cambio de recibir favores. Estos favores habrían incluido la asignación de cargos clave para sus allegados en diversas instituciones del Estado. El caso forma parte de una investigación más amplia que vincula a varios legisladores con supuestas negociaciones ilícitas y uso indebido de sus funciones en apoyo a la gestión del expresidente que se encuentra en prisión tras el intento fallido de golpe de Estado en diciembre de 2023.
Otros legisladores como Wilson Soto, Silvia Monteza y Luis Aragón, también fueron incluidos en la investigación. Asimismo, miembros del Bloque Magisterial y de Perú Libre, como Germán Tacuri y Américo Gonza, son investigados por presunta organización criminal y tráfico de influencias.
Los congresistas denominados "Los Niños" son investigados como organización criminal. Foto: composición La República.
El congresista José Luna Gálvez, fundador del partido político Podemos Perú y de la universidad Telesup, está implicado en el caso conocido como "Los Gánster de la Política". Según el Equipo Especial de fiscales del caso "Los Cuellos Blancos del Puerto", se le acusa de liderar una organización criminal desde 2016, con el objetivo de cometer delitos contra la administración pública con fines políticos y económicos.
No obstante, Luna Gálvez y otros políticos bajo esta investigación solicitaron al Poder Judicial y al Ministerio Público que archiven su caso, argumentando que los actos ilícitos que se les atribuyen no se ajustan a la nueva definición legal del delito de organización criminal, vigente desde el 10 de agosto de este año: la Ley 32108.
Hipótesis fiscal indica que Luna Gálvez habría copado la ONPE para conseguir inscripción de Podemos Perú. Composición La República.
El segundo vicepresidente del Congreso fue el autor de la Ley 32108, hoy cuestionada de favorecer a organizaciones criminales, partidos políticos investigados y, al parecer, también a congresistas. Luego de su promulgación, Waldemar y Vladimir Cerrón presentaron un pedido para archivar la investigación en su contra por crimen organizado denominada "Los Dinámicos del Centro", basándose en la aplicación de la norma legal presentada por él.
Sin embargo, el juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz decidió no aplicarla y se justificó en que la Ley 32108 no es acorde a los tratados internacionales a los que está suscrito el país. Recientemente, el juez Richard Concepción Carhuancho declaró inaplicable la misma norma en el caso "Waykis en la Sombra", pero también aprovechó en referirse al pedido que hizo Cerrón Rojas: "Se trataría de una ley con nombre propio que habría entrado en vigor con el objeto de favorecer a quien promovió dicha ley, prueba de ello es que el congresista Waldemar José Cerrón Rojas, autor de la referida ley, y que a la vez se encuentra investigado por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias", se lee en su resolución.
Vladimir y Waldemar Cerrón seguirán siendo investigados por organización criminal: juez declara inaplicable Ley 32108. | Composición: La República.