Vladimir y Waldemar Cerrón seguirán siendo investigados por organización criminal: juez declara inaplicable Ley 32108
El juez Jorge Chávez Tamariz rechazó aplicar la Ley 32108 de crimen organizado en la investigación a Vladimir Cerrón Rojas y Waldemar Cerrón Rojas, líderes de Perú Libre, en el caso "Los Dinámicos del Centro".
El juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz resolvió no aplicar la Ley 32108 de crimen organizado en la investigación contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, y el congresista Waldemar Cerrón Rojas en el caso "Los Dinámicos del Centro". El magistrado consideró que, aunque la modificación de la ley penal es constitucional, debe ser compatible con la Convención de Palermo.
Los hermanos Cerrón había pedido archivar la investigación por crimen organizado en aplicación de dicha norma legal, promulgada por el Congreso de la República, el 9 de agosto último. Sin embargo, el magistrado dijo que no se puede aplicar la norma en el sentido solicitado por ambos políticos, sino en el sentido amplio que permiten los tratados internacionales.
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Justificó su decisión, señalando que la Constitución Política del Estado establece, uno, la obligación de los jueces de cumplir con las leyes, los convenios y los tratados de los que el Perú forma parte, como la Convención Palermo sobre el combate al crimen organizado y, dos, no dejar de administrar justicia por vacíos de la ley.
En este sentido, Chávez Tamariz enfatizó que la jurisprudencia nacional e internacional establece que a nadie se le puede permitir aprovecharse de su propio fraude en relación a que la modificación del artículo 317 del Código Penal fue promovida por el congresista Waldemar Cerrón Rojas, que está incluido en la investigación.
Además, subrayó que la Ley 32108 no es inconstitucional, pero tiene lagunas normativas que obliga a los jueces realizar una interpretación de que su contenido, en armonía con lo que prescribe la Convención de Palermo, aprobada por el Perú el 2002, y la jurisprudencia internacional, con el fin de dar respuesta al pedido de los hermanos Cerrón y la fiscalía.
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Así, por ejemplo, el juez Chávez Tamariz cita diversa jurisprudencia de los tribunales y la legislación de Estados Unidos para establecer qué debe entenderse como estructura organizada en la nueva ley penal peruana.
"La sentencia de la Suprema Corte (de Estados Unidos) señaló: 1) una empresa de asociación de hecho según la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) debía tener una estructura, pero no necesitaba tener una estructura determinable más allá de la inherente al patrón de actividad de crimen organizado en el que participaba, y, 2) una empresa de asociación de hecho según RICO no necesita tener una estructura jerárquica, una cadena de mando u otros atributos comerciales", estableció el magistrado.
Además, indicó que la Ley 32108 debe leerse en concordancia con la Convención de Palermo por lo cual, el límite no solo está en los años de pena de un delito, más de seis años, sino en la gravedad de los delitos que se atribuye a la organización criminal.
"Por tanto, se concluye que la organización criminal si habría cometido delitos graves, tales como cohecho pasivo propio, negociación incompatible, colusión simple y colusión agravada, que son catalogados en la norma penal sustantiva como delitos de corrupción, que por su naturaleza revisten de gravedad en atención a la interpretación amplia que nos permite la Convención de Palermo de este requisito previsto en el artículo 317 del Código Penal", precisó el juez.
De esta manera, el juez rechazó el recurso de excepción de naturaleza de acción presentada por Vladimir y Waldemar Cerrón Rojas. La fiscal especializada en delitos de corrupción Vanessa Diaz había pedido al juez que tenga en cuenta la Convención de Palermo al resolver este caso.
Sin embargo, la representante del Ministerio Público consideró que en el caso "Los Dinámicos del Centro" se cumplen todos los elementos que establece la nueva ley sobre crimen organizado: la existencia de una estructura compleja, reparto de roles, delitos mayores a seis años, control de un mercado ilícito y fines económicos.
