Este viernes 5 de julio, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Poder Judicial evaluará la posibilidad de imponer un impedimento de salida del país por 36 meses a Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación, en el contexto de una investigación preliminar por su presunta participación en una organización criminal.
La sesión, que se llevará a cabo de manera virtual a partir de las 9 de la mañana y será presidida por el juez supremo César San Martín, examinará el recurso de apelación contra la decisión anterior del juez supremo Juan Carlos Checkley. Este último, el 8 de mayo, había rechazado una solicitud similar, manteniendo así la libertad de movilidad de Benavides.
El pasado 23 de abril, la fiscal suprema Delia Espinoza presentó una solicitud para restringir la salida de Benavides, citando riesgo procesal debido a su probable involucramiento en una red delictiva que, según testimonios, incluido el de su exasesor Jaime Villanueva, operaba dentro del Ministerio Público.
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En la audiencia también se presentarán los argumentos de la defensa de Benavides. Estos argumentos buscan confirmar la decisión de Checkley y contrarrestar la apelación de la Fiscalía, que busca mantener a Benavides dentro del país mientras continúa la investigación.
Esta se pospuso previamente debido a la presentación de nuevos elementos de prueba por parte de Espinoza, lo que llevó a una reprogramación para permitir que los abogados de Benavides accedan a la documentación y preparen adecuadamente su defensa.
La ex titular del Ministerio Público está siendo investigada por varios cargos relacionados con presunta corrupción y la formación de una organización criminal. Entre los cargos se encuentran tráfico de influencias, cohecho activo y pasivo específico, falsedad ideológica y encubrimiento personal y real, además de otros posibles delitos que puedan surgir durante el proceso investigativo.
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Las investigaciones indican que Benavides habría utilizado su posición como fiscal de la Nación para dirigir y coordinar actividades ilegales dentro del Ministerio Público.
Las acusaciones señalan la manipulación de procesos judiciales y el uso de su influencia para llevar a cabo tráfico de influencias, encubrimientos y ofrecer favores judiciales a congresistas a cambio de apoyo político, incluyendo el archivo de investigaciones.
Luis Capuñay, abogado de Jaime Villanueva, indicó que inicialmente su representado quiso acogerse a la colaboración eficaz, pero no contaba con el apoyo de su defensa. El abogado mencionó que Villanueva renunció a la presunción de inocencia y admitió ante el Ministerio Público su participación en una organización criminal.
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"En primer lugar, está admitiendo el delito de organización criminal, ha reconocido el delito de tráfico de influencias y ha aceptado el delito de cohecho. Estos son los delitos que le imputa el Ministerio Público y, como consecuencia de su colaboración, renuncia a su presunción de inocencia", indicó.
Capuñay también confirmó que Villanueva intentó deshacerse de su celular la noche de su detención por recomendación de Patricia Benavides. No obstante, aclaró que se ha recuperado alguna información del dispositivo, lo que, sumado a sus declaraciones, podría servir como prueba adicional para su admisión como colaborador eficaz.