Patricia Benavides fracasa en intentos de evadir a la justicia: Poder Judicial ratifica a Delia Espinoza
Caso Patricia Benavides. Decisión judicial deja además sin piso el argumento de los congresistas que denunciaron a Delia Espinoza. En tanto, Alejandro Soto lanza una amenaza contra el fiscal de la Nación.
El Poder Judicial declaró infundadas dos tutelas de derecho que había presentado Patricia Benavides para evitar ser investigada. La resolución del juez supremo, además, se trae abajo el argumento que usaron cinco congresistas para presentar una denuncia constitucional contra la fiscal Delia Espinoza.
En una de las tutelas, Patricia Benavides cuestionaba la competencia de la fiscal suprema Delia Espinoza al considerar que solo una autoridad con rango de fiscal de la Nación podía investigarla.
Es decir, Patricia Benavides considera que solo podía ser investigada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.
Ocurre que Villena emitió una resolución el 15 de diciembre del 2023, donde se excusa de conocer la investigación a Benavides y deriva el caso a la Fiscalía Suprema Especializada en Corrupción de Funcionarios, a cargo de Delia Espinoza.
Patricia Benavides sigue rechazando investigaciones en su contra. Foto: La República.
Patricia Benavides se queda sin argumentos
La decisión está sustentada en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que los fiscales deberán excusarse de intervenir en una investigación en que directa o indirectamente tuviesen interés, “bajo responsabilidad”.
El argumento de Villena es que podría ser convocado como testigo en la investigación contra Benavides. Bajo el mismo criterio, no asumió el caso el fiscal supremo Pablo Sánchez.
De hecho, formalmente, Villena emitió en enero una resolución donde dispone que la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos pueda conocer los casos cuyos delitos son atribuidos a funcionarios públicos aforados. Y con mayor precisión, señala que se encargará de la carpeta 1228-2023 abierta contra Benavides.
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Pues bien, Juan Checkley Soria, el juez que resolvió las tutelas de derecho de Patricia Benavides, considera válida la decisión del fiscal de la Nación, Carlos Villena.
“Resulta razonable que el conocimiento del caso haya sido derivado y asumido por la fiscal suprema (Delia) Espinoza Valenzuela, a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos”, precisa el juez Juan Checkley Soria en la resolución difundida ayer.
La suspendida fiscal de la Nación se encuentra investigada por la JNJ. Foto: La República.
Implicancias
La resolución del juez Checkley Soria surge en un contexto especial, pues cinco congresistas investigados presentaron una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza y usan los mismos argumentos o pretextos desarrollados por Benavides.
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Se trata de Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Luis Cordero e Ilich López, quienes consideran que no pueden ser investigados por Delia Espinoza por tener la condición de aforados.
Por lo mismo, denunciaron a Delia Espinoza por los supuestos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de función pública.
En la denuncia, los congresistas califican a Delia Espinoza como funcionaria de “segundo nivel” y agregan que está “por debajo del fiscal de la Nación”.
También mencionan que el fiscal de la Nación es “el único funcionario facultado para emitir la disposición de inicio de diligencias preliminares de investigación a los miembros del Congreso de la República”.
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Es decir, los mismos argumentos por los cuales la suspendida Patricia Benavides pretendía bloquear la investigación a cargo de Delia Espinoza.
De momento, la denuncia constitucional contra Delia Espinoza seguirá su trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Lady Camones, integrante de la bancada APP y legisladora muy afín al fujimorismo.
Este grupo tendrá que analizar la viabilidad de la denuncia, que incluye un pedido de inhabilitación por diez años para Delia Espinoza.
De este modo, la resolución emitida por el juez Juan Carlos Checkley Soria deja sin piso a los congresistas, al menos el ámbito del razonamiento.