Hora y media durará la audiencia pública en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchará a los abogados de las víctimas de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, así como a los representantes del Estado antes de resolver si concede las medidas provisionales solicitadas ante la reactivación del indulto a Alberto Fujimori.
La sesión se llevará a cabo de forma virtual y empezará a la 1 de la tarde, hora de Costa Rica (2.00 p. m., hora de Perú). Los primeros en tomar la palabra serán los abogados de las víctimas. Tendrán 20 minutos para sustentar que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) afecta su derecho al acceso a la justicia al permitir que el condenado exmandatario salga de prisión antes de cumplir su pena de 25 años.
Trascendió que, como ocurrió en el 2018, uno de los familiares daría su testimonio. Hace cuatro años lo dio Carmen Amaro, hermana de uno de los estudiantes asesinados de La Cantuta, precisamente en la audiencia para evaluar el irregular indulto humanitario otorgado por Pedro Pablo Kuczynski, y que quedó sin efecto por la Corte Suprema tras una sentencia de la Corte IDH.
En representación del Estado participarán el procurador supranacional Carlos Reaño Balarezo y su adjunto Carlos Llaja Villena. Hasta el cierre de esta edición, eran los únicos acreditados ante el tribunal supranacional. También tendrán 20 minutos para exponer.
Se espera que la posición del agente del Estado vaya por la línea de lo expresado públicamente por el canciller César Landa el mismo día que se conoció el sentido del fallo del TC. En su cuenta de Twitter escribió que dicha sentencia no es válida porque va contra las decisiones de la Corte IDH en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Aunque el lunes por la tarde César Nakazaki envió una comunicación como abogado de Fujimori, pidiendo que escuche su alegato antes de emitir su decisión, el tribunal supranacional rechazó el pedido. Su escrito, que detallaba la edad y enfermedades del condenado exmandatario, fue admitido como amicus curiae.
Los familiares de las víctimas se reunirán para ver juntos la audiencia, como lo hicieron durante los años en que buscaban justicia.
Estará Gisela Ortiz, exministra de Cultura y hermana de uno de los estudiantes asesinados de La Cantuta. Su hermano Luis Enrique tenía 21 años cuando fue secuestrado y asesinado por el destacamento Colina el 18 de julio de 1992.
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“No es venganza sino justicia. Desde hace 10 años se manipula la compasión que se debe sentir por un adulto mayor diciendo que el señor Fujimori tiene una enfermedad grave terminal”, dijo. Agregó que las heridas de los familiares de las víctimas siguen abiertas porque aún hay desaparecidos y los responsables no reconocen los crímenes .
También estará la señora Rosa Rojas, la madre del niño Javier que con apenas 8 años fue asesinado en Barrios Altos.
Gisela Ortiz, caso La Cantuta
“Esperamos que la Corte otorgue las medidas provisionales hasta que resuelva las controversias sobre este indulto indebido y establezca otra vez las acciones del Estado para garantizar la justicia”.
César Nakazaki, abogado de Fujimori
“Nosotros estamos insistiendo en que nos acepten como parte, para que Alberto Fujimori se pueda defender, porque el Estado peruano está haciendo un allanamiento fraudulento”.