El exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio falleció a los 76 años aproximadamente a las 5.30 a. m. de este miércoles 12 de enero, en el Hospital Rebagliati, luego de sufrir un paro cardíaco. A raíz de su deceso, el cual lamentaron diversas figuras políticas nacionales, ha surgido una duda: ¿qué pasará con el proceso que se le seguía en su contra y con la investigación que estaba en manos del Ministerio Público?
Tal como sucedió cuando murió el expresidente de la República Alan García Pérez, la acción penal en contra de Castañeda Lossio se extingue. Sin embargo, las investigaciones y el proceso continúan a fin de establecer la responsabilidad de los demás implicados.
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Son tres los delitos que se le atribuían a Castañeda Lossio. Sumados todos, podrían haber tenido una pena de 41 años, la más alta dentro de los casos que ve el equipo especial Lava Jato.
El primer delito que se le imputaba es el de colusión, por el que podría haber recibido una pena de 12 años. El segundo delito es el de lavado de activos, con una pena estimada de 16 años y 8 meses. El tercero es el de asociación ilícita para delinquir, cuya pena llega a los 12 años y 8 meses.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, durante su desempeño como alcalde de Lima, Castañeda Lossio habría liderado una organización criminal que se dedicaba al recibo de coimas a cambio de firmar contratos y adendas en beneficio de la constructora OAS. Todo esto a través de la Municipalidad de Lima.
El 14 de marzo de 2019, el equipo especial del caso Lava Jato, encabezado por Rafael Vela, inició las conversaciones con la constructora brasileña OAS para que tenga la posibilidad de acogerse a un acuerdo de colaboración eficaz.
Casi dos meses después, el 24 de mayo de 2019, el expresidente de OAS José Aldemário Pinheiro reconoció haber aportado 100.000 dólares a la campaña municipal de Luis Castañeda Lossio. Aldemário detalló que el dinero fue entregado, previa coordinación con el exalcalde, a su hombre de confianza, Martín Bustamante.
En su defensa, el fundador de Solidaridad Nacional negó haber recibido aportes de OAS, aunque dejó en claro que “no pondría manos al fuego” por sus exfuncionarios. Mencionó también que no consideraba como delito recibir aportes de una empresa privada.
Luis Castañeda es investigado por presuntos aportes de Odebrecht y OAS para su campaña municipal de 2014. Composición: Fabrizio Oviedo.
Ya en junio, un colaborador eficaz reveló que OAS aportó 222.000 dólares a la campaña de Castañeda en 2014, una vez más a través de Martín Bustamante. Más tarde, la Fiscalía detectó movimientos sospechosos en las cuentas de su hijo Luis Castañeda Pardo y descubrió que había comprado un departamento de 205.000 dólares en 2016 sin presentar ingresos ni un gran respaldo financiero.
Después de no asistir a la primera citación, la Fiscalía solicitó impedimento de salida por un período de ocho meses en contra de Castañeda Lossio y el congresista José Luna Gálvez. No obstante, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Especializada en Delitos de Corrupción concedió 18 meses de impedimento de salida del país para ambos.
El 6 de agosto de 2019, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, aseguró que Martín Bustamante había recibido 75.727 dólares para financiar la campaña de Castañeda en 2014. Cuatro días después, Martín Bustamante, ahora colaborador eficaz, reconoció ante el fiscal Carlos Puma haber recibido dinero de OAS y Odebrecht destinado al exalcalde de Lima.
Posteriormente, trascendió que Castañeda había recibido más de 1,5 millones de soles por parte de la Universidad Telesup, de José Luna Gálvez. En su defensa, el centro educativo adjudicó esos pagos a un cargo académico ejercido por el exalcalde en la especialidad de gestión pública.
Luis Castañeda tiene impedimento de salida del país. Foto: La República.
Tras una serie de testimonios, en enero de 2020 la Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva para Luis Castañeda y José Luna por los presuntos aporte de ilícitos que suman un monto de 480.000 dólares para la campaña municipal de 2014. Se les atribuye formar parte de una organización criminal. Es así que el 14 de febrero se ordenó 24 meses de prisión preventiva en contra del fundador de Solidaridad Nacional.
Un mes después, el Poder Judicial le revocó la prisión preventiva para darle arresto domiciliario con base en informes médicos que demostraban problemas en su salud, la cual se agravó en agosto de 2020 y llevó a su internamiento en el Hospital Rebagliati.
En octubre del mismo año, Rafael López Aliaga cambió el nombre de Solidaridad Nacional por Renovación Popular a fin de no incluir en el partido a los militantes ingresados por Luna Gálvez. “El señor Luna hizo ingresar a mucha gente de Telesup, entonces lo que hemos hecho es una refundación del padrón de militantes, hemos eliminado y felizmente no se ha reinscrito ninguna persona de Luna”, señaló entonces López Aliaga.
Lava Jato: ¿qué sucederá con el proceso que se le seguía a Luis Castañeda Lossio?