Este martes 5 de octubre, la Comisión de Constitución del Congreso de la República debatirá una propuesta de predictamen presentada por la congresista fujimorista Patricia Juárez, que tiene como fin regular la cuestión de confianza (fijada en el artículo 133 de la Constitución) a través de modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Entre las principales modificaciones está la inclusión de loa artículos 16-A y 16-B en el referido reglamento, que especifican en qué escenario se puede considerar que la confianza al gabinete ministerial ha sido denegada.
“La cuestión de confianza que plantee el presidente del Consejo de Ministros a nombre de todo el Consejo, en atención al artículo 133 de la Constitución Política, debe ir acompañada del acta del acuerdo respectivo, de conformidad con el artículo 15 de la presente ley. La cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y votación por parte del Congreso de la República”, se lee en el documento.
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De esta manera, la negación de la confianza a un gabinete ya no podría considerarse por acciones del Parlamento que denoten, de facto, un rechazo al asunto por el que el Ejecutivo haya presentado dicho recurso, sino que solo se oficializaría tras el debate y la votación expresa del Congreso al respecto.
El cambio sobre la negación a la cuestión de confianza.
No obstante, de acuerdo a especialistas contactados previamente por La República, lo que Fuerza Popular busca establecer para la cuestión de confianza va en contra de los lineamientos establecidos por el Tribunal Constitucional.
“Pretenden que, según este proyecto de interpretación, la cuestión de confianza debe votarse expresamente, con lo que no procedería la denegación fáctica. Pero el TC ha dicho que, en casos excepcionales, sí procede la denegación material o fáctica cuando el Congreso guarda silencio, pero revela una conducta clara de estar negando aquello que se pidió bajo cuestión de confianza”, refirió el constitucionalista Omar Cairo.
“No están reestableciendo el equilibrio de poderes, lo que ha establecido el TC como supremo intérprete de la Constitución al interpretar las normas que regulan la cuestión de confianza. Este proyecto pretende interpretarlas en sentido contrario”, dijo también sobre este tema.
En ese sentido, Cairo señaló como antecedente el caso ocurrido en 2019, cuando el Congreso, al negar en los hechos el objeto de la cuestión de confianza solicitada por el primer ministro de entonces, Salvador del Solar, quien pidió que se detuviera el nombramiento del TC y modificaran la ley para la elección de sus magistrados.
“Eso, en los hechos, lo negaron porque no paralizaron el trámite y eligieron a dos magistrados a las 11 de la mañana. Luego, a las 5 de la tarde, votaron a favor de la cuestión de confianza. Entonces, hicieron algo que es totalmente contradictorio e insostenible”, sostuvo Cairo.