Por los votos de los congresistas de Unión por el Perú (UPP), José Vega; de Podemos Perú, José Luna; de Somos Perú, Jorge Pérez, y de Alianza para el Progreso (APP), Tania Rodas; se rechazó la noche del último martes que la Comisión Especial del Parlamento a cargo del concurso público de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) solicite la orientación de instituciones especializadas en estos procedimientos.
Dicha propuesta la planteó el congresista del Partido Morado Gino Costa con el objetivo de obtener las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, Servir, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y de la jurista Úrsula Indacochea, quien es directora de Programa en la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
De esa forma, la propuesta de reglamento iba a estar más nutrida. Pero la idea no prosperó. Costa solo fue apoyado por sus colegas del Frente Amplio, Rocío Silva, y de Fuerza Popular, Diethell Columbus.
Luna y Rodas se oponen a recibir la orientación de Indacochea. Y Pérez, en esa línea, respondió que dicha iniciativa era una acción dilatoria. Con esos argumentos también se negaron a recibir las sugerencias de la Defensoría del Pueblo y Servir, instituciones que lideraron la elección de los magistrados de la JNJ.
El presidente de la Comisión Especial, Rolando Ruiz, solo ha aceptado requerir por escrito las sugerencias de Indacochea. Este diario le preguntó por qué no hace lo mismo con los demás organismos especializados. “Es un tema de interés nacional y ellos están habidos a que brinden (sus opiniones)”, alegó.
El desempeño de la Comisión Especial y los conflictos constitucionales en los que se encuentra inmerso el Congreso con el Ejecutivo solo refuerzan la tesis de que este Parlamento no debe elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, según la constitucionalista Beatriz Ramírez y el abogado y docente en la PUCP Ernesto de la Jara.
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“El próximo TC va a tener que resolver demandas donde este Congreso es parte como en la contienda competencial (por el proceso de vacancia presidencial) y la ONP. Es como que tú vayas a elegir a tus jueces”, recalcó De la Jara.
Ramírez, por eso, considera que, en vista de que en el Legislativo están decididos a cambiar a los integrantes del tribunal, “debemos exigir el nivel de análisis que tuvo la Comisión Especial que eligió a la JNJ”. “Ese debería ser nuestro estándar mínimo porque fue un proceso que si bien tuvo errores, en la segunda convocatoria fue exitosa. El balance fue positivo”, recalcó.
Y para ello, coincidieron Ramírez y de la Jara, faltan ajustes al reglamento y, sobre todo, a la tabla de puntajes.
En el proceso de elección de jueces constitucionales, el postulante que obtenga más de 80 puntos como mínimo pasará a la etapa en que el pleno del Congreso resuelva su elección. La evaluación curricular vale 85 puntos y la entrevista personal 15, como máximo.
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“Hay que tener cuidado con los criterios de puntajes. Puede suceder que personas que han acumulado cartones tienen malos antecedentes de probidad”, alertó Ramírez.
“Yo pediría que cuando revisen la hoja de vida, el postulante diga cuáles son sus méritos para que califique como miembro del TC”, recomendó De la Jara.
Experiencia académica. La constitucionalista Ramírez cuestiona que la tabla de puntajes solo incluya a docentes universitarios nombrados y no a los contratados.
Universo cerrado. El abogado De la Jara opinó que la postulación para exmagistrados no solo debe cerrarse a exjueces o exfiscales supremos.
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