Por: David Pereda Z. y Elizabeth Prado
Representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú (SNRTV), la asociación de comunicadores Calandria y el Consejo de la Prensa Peruana advirtieron a los congresistas de la Comisión de Transportes, las carencias en el proyecto de ley sobre publicidad estatal que presentaron los parlamentarios de APP, Geovanni Acate, Humberto Acuña y Omar Merino.
Uno de esas fallas es que se exija la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para todos los medios de comunicación, cuando hay algunos que no están bajo su regulación como diarios, revistas y televisión por cable, entre otros.
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“Hay que ampliar el debate sobre este tema pues habría que buscar un consenso o escrutinio más amplio que incorpore a todos los actores involucrados”, comentó el secretario de Comunicación Social de la PCM, Rubén Cano, en la sesión del grupo de trabajo legislativo.
Jorge Baca Álvarez, director ejecutivo de la SNRTV, cuestionó que el proyecto plantee cuotas obligación para la colocación de publicidad estatal. Estas son 25% en los medios educativos, 10% en los comunitarios y 65% en los medios comerciales.
“El análisis que se debe hacer para la contratación de la publicidad estatal debe priorizar el beneficio a la población a partir de que más se vean informados. Establecer una cuota a partir de lo cual las entidades responsables puedan hacer su contratación, desnaturaliza el criterio técnico”, anotó.
“El principio de equidad y el principio de no discriminación estarían yendo en contra del o establecido en el artículo 6, porque justamente cuando se establece una cuota se está discriminando”, añadió. Por ejemplo, las estaciones comunitarias son el 1% según había referido antes el funcionario de la PCM.
Marisol Castañeda, presidenta de la asociación de comunicadores Calandria, advirtió falencias que se arrastran de antes y aún no se están considerando.
“Debería incluirse que la publicidad estatal debiera reforzar aquellos medios y aquella programación que cumple los principios vinculados a la dignidad de las personas y que con recursos del Estado no refuercen programas que enarbolan violencia o discriminación”, dijo.
María Eugenia Mohme, presidenta del Consejo de la Prensa Peruana, reiteró la necesidad de distinguir publicidad comercial y campañas de sensibilización.
“Es muy importante que la publicidad sea diferenciada de cuando el Gobierno requiere hacer campañas de sensibilización. Eso se ve en este caso la pandemia del coronavirus en que el Gobierno con un poco de temor tuvo mucha dificultad en tomar la decisión de generar una campaña informativa a los ciudadanos de cómo deben de cuidarse. Sería muy importante que en esta ley se pueda establecer la diferencia”, sostuvo.
El abogado Andrés Calderón, de la Universidad del Pacífico, calificó el proyecto de muy malo porque “ni explica el propósito específico que busca”.
“Repite mucho lo que ya existe en la Ley de Publicidad que regula la estatal. Los cambios que hace no son sustantivos y algunos son para peor, como las reglas arbitrarias para la distribución de pauta publicitaria”, señaló.
César Landa, expresidente del TC
“La publicidad estatal está vinculada al derecho a la información que tiene el público y con la libertad de información de los medios de comunicación, pilares del sistema democrático”.
Andrés Calderón | Abogado, U. Pacífico
“No debería repartirse la pauta en función a qué tipo de medios quiero favorecer sino, en general, cuál es el medio que permite llegar mejor al público o al que se quiere comunicar”.
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