Presidenta de la SNP: “Investigación (a IMARPE y empresas pesqueras) tiene que llegar hasta el final”
Cayetana Aljovín, presidenta de la SNP, asegura que las autoridades del Ministerio Público que investigan la presunta filtración de información científica del IMARPE deben determinar responsabilidades en el corto plazo.
Las autoridades del Ministerio Público que investigan el caso de la presunta filtración de información científica del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) hacia empresas industriales de pesca, deben determinar responsabilidades en el más corto plazo, señaló a La República la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Cayetana Aljovín. La SNP es uno de los gremios más importantes del sector.
Grabaciones de conversaciones entre servidores de IMARPE y extrabajadores de este organismo científico que en la actualidad laboran en compañías pesqueras como Exalmar,CFG Investment, TASA y Pesquera Diamante, entre otras, demostrarían la existencia de un tráfico de datos sobre la biomasa de anchoveta, la especie marina autorizada para la producción de harina de pescado. Perú es el primer exportador en el mundo de este alimento destinado a animales de consumo humano.
Aljovín recordó que la SNP tiene un Código de Ética y Buenas Prácticas, y ante un eventual incumplimiento de alguna de las compañías asociadas, están previstas sanciones que incluyen la expulsión del gremio.
El caso del presunto tráfico de información de IMARPE a algunas compañías pesqueras industriales lo denunció la Procuraduría Pública del Ministerio de la Producción, y está a cargo del fiscal Renato Romero Melgarejo, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao.
Indagación a fondo
Después que La República hizo público el caso, la empresa Exalmar fue una de las primeras en anunciar que haría pesquisas internas para identificar a los eventuales involucrados en los hechos. Cayetana Aljovín señaló que la SNP también ha requerido información a Exalmar.
“Los audios a los que alude están siendo investigados por la Fiscalía y confiamos en que las investigaciones llegarán a dilucidar si hubo algún tipo de conducta irregular. No hemos tenido acceso a la denuncia porque entendemos que es reservada pero, por nuestra parte, el Comité de Ética de la SNP ha pedido a Exalmar información para poder evaluar cuál ha sido la interactuación de la empresa con IMARPE”, señaló Aljovín. En lugar de aceptar una entrevista, la titular de la SNP prefirió responder un cuestionario.
“La SNP saluda que se realicen todas las investigaciones que se estime pertinentes en IMARPE, creemos que es necesario auditar el proceso y llegar hasta el final de lo sucedido al interior de la institución cuanto antes, porque la reputación de este ente técnico, que ha sido reconocido internacionalmente en numerosas ocasiones como ejemplo de buen hacer, ha sido dañada y debe ser repuesta a la brevedad”, explicó Aljovín.
El caso comenzó cuando el 16 de diciembre de 2019, el despacho el Ministerio de Producción recibió información confidencial mediante un email sobre la supuesta manipulación de datos en IMARPE para aumentar artificialmente la dimensión de la biomasa de anchoveta en 8.3 millones de toneladas, y de esta manera incrementar la cuota de pesca de anchoveta en 2.7 millones de toneladas para la segunda temporada que se inició el 16 de noviembre del año que pasó. Pero los pescadores encontraron menos de la mitad de anchoveta que previó IMARPE, por lo que comenzó a circular la versión de que la medida de la biomasa de anchoveta había sido “inflada” para presuntamente favorecer a la industria pesquera.
El 14 de enero de este año, la ministra de la Producción, Rocío Barrios, dio por terminada la segunda temporada de pesca de anchoveta porque un nuevo estudio científico de IMARPE concluyó que hasta el 90% de lo que estaban pescando las empresas correspondía a la especie juvenil de anchoveta que no está autorizada para su extracción. Seguidamente, el 23 de enero la ministra Barrios logró la aprobación del Decreto de Urgencia 015-2020 para la modernización de IMARPE, una medida relacionada evidentemente al clamoroso fallo en la medición de la biomasa de anchoveta. Al día siguiente, 24 de enero, el procurador del Ministerio de la Producción, Fernando Vidal, denunció penalmente a los que resultaran responsables por la supuesta manipulación de datos para “inflar” la dimensión de la anchoveta y por la filtración de información científica de IMARPE a algunas empresas que son parte de la SNP.
Sospechoso diálogos
Un día antes que se publicara el Decreto de Urgencia 015-2000, la SNP, y otros gremios conexos como Confiep, Adex y Comex, expresaron su desacuerdo con la intervención de IMARPE, que consiste, fundamentalmente, en la designación de nuevas autoridades mediante concurso público. SNP y los otros gremios consideran que IMARPE debería continuar con el nombramiento de un oficial de la Marina en retiro como principal autoridad.
Según la SNP, IMARPE ha conseguido prestigio gracias “a su independencia del sector al cual está adscrito (el Ministerio de la Producción), lo que le ha permitido garantizar su solvencia técnica e independencia de la presión privada y pública, por tener el respaldo de una institución tutelar y de prestigio como es la Marina de Guerra del Perú, al ser presidido por un marino en retiro”, señala el comunicado suscrito, entre otros, por la presidenta de la SNP: “Ahora se pretende modificar este hecho a fin que se pueda designar al presidente de IMARPE sin los requisitos antes mencionados, lo que pondría en riesgo la independencia y autonomía que caracteriza al ente científico, lo cual debilitaría a la institución, quedando sujeta a presiones políticas y privadas”.
Preguntada por qué se emitió el mencionado comunicado, si todavía no era conocido su contenido, Aljovín manifestó pro escrito: “La publicación del comunicado fue porque se tenía y se tiene preocupación con respecto a la independencia, la autonomía y la solvencia técnica futura del IMARPE”.
Al respecto, fuentes del Ministerio de la Producción precisaron lo señalado por los gremios de la industria de la pesca, porque el concurso público contribuirá al fortalecimiento de la capacidad científica de IMARPE, ya que mediante dicha modalidad se elegirá a los mejores profesionales. Y se espera que los oficiales de la Marina en retiro participen.
“Estamos de acuerdo siempre con todo aquello que lleve a mejorar las instituciones. En el caso del DU 015 lo que preocupa no es el mecanismo del concurso público, sino garantizar la autonomía del IMARPE. En ese sentido, la norma no indica los requisitos que deberán cumplir los aspirantes a tan importante cargo, como sí lo estipulan las leyes de los organismos reguladores, y que quien presida a partir de ahora el Imarpe pueda ser removido por falta de confianza”, respondió la presidenta de la SNP.
Según las fuentes del Ministerio de Producción, se ha otorgado un plazo de 30 días para la elaboración del reglamento del Decreto de Urgencia 015-2020, en el que se especificará las calificaciones que deben contar los profesionales que aspiran a cumplir funciones en IMARPE, entre quienes seguramente se encuentran ex oficiales de la Marina expertos en la materia.
Sumas y restas
Aljovín reiteró que era necesario que la investigación fiscal que involucra a servidores de IMARPE y empleados de algunas pesqueras, debe profundizarse y aclararse lo más rápido porque está en juego el prestigio de la institución científica. Y en relación a las compañías agremiadas, mencionó que también deben responder ante la instancia respectiva de la SNP.
“En todo caso, es importante mencionar que la SNP cuenta con un Código de Ética y Buenas Prácticas, que rige el comportamiento de nuestros asociados. En caso de incumplimiento, este código contempla sanciones que van desde la amonestación, a la suspensión o incluso la expulsión del gremio”, respondió.
“La cuota de pesca de anchoveta para la segunda temporada se había fijado en 2.7 millones de toneladas, y al momento de la suspensión la extracción alcanzó solo 35.9% ¿Ha estimado la SNP las pérdidas? ¿Qué consecuencias habrá en el mercado internacional?”, preguntó La República a Cayetana Aljovín.
“Las pérdidas son para todo el país, empresas, trabajadores y erario público”, respondió por escrito.
