Luego de que el Poder Judicial terminara de sepultar las expectativas de salir en libertad de Keiko Fujimori y sus coinvestigados en el caso de los aportes de Odebrecht a la campaña de 2011 —ya solo le queda a la lideresa de Fuerza Popular la decisión del Tribunal Constitucional—, Pier Figari, asesor de la excandidata presidencial, presentó un pedido para que las investigaciones que sigue el fiscal José Domingo Pérez se ciñan a la ley de financiamiento ilícito y no a la de lavado de activos.
El objetivo que persiguen los investigados es el escenario de una condena menor a la que implicaría ser sentenciado por lavado de activos. De acuerdo a esta ley, la pena mayor sería de 20 años en su modalidad agravada. En el caso de la ley de financiamiento ilícito, por el contrario, la pena mayor asciende a ocho años, en su modalidad agravada.
El presidente de la República, Martín Vizcarra, hizo eco de las consideraciones de los representantes de los organismos electorales en la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Rosa Bartra, sobre el proyecto de adelanto de elecciones.
El jefe de Estado recogió las opiniones de los jefes de la ONPE, el JNE y el Reniec, para reafirmar su propuesta de superar la crisis política por el choque entre el Congreso y el Ejecutivo a través del adelanto de los comicios generales al 2020.
“Técnicamente es factible adelantar las elecciones y lo han aclarado las entidades especializadas en el tema y los responsables de llevar adelante”, dijo el presidente Vizcarra en Moquegua.
De otro lado, Vizcarra rechazó lo dicho por uno de los invitados de Bartra a la Comisión de Constitución, el expresidente del Tribunal Constitucional Carlos Mesía, quien dijo que “al pueblo no se le hace caso" y solo “se le gobierna”.
“Por ahí he visto que algunos expertos, para tratar de descalificar nuestra propuesta [de adelanto de elecciones], han dicho: ‘no hay que hacer caso a la población porque a la población se equivoca’. No es así. Tenemos que darle la responsabilidad. Las autoridades nos debemos al pueblo”, respondió el mandatario.
El sábado 14 de setiembre, en horas de la noche, Keiko Fujimori fue trasladada a la clínica Cententario de Pueblo Libre por dolores en el pecho y cefalea. Tras pasar su primera noche en el centro médico y estabilizarse, por prevención se decidió que la lideresa de Fuerza Popular continuara recibiendo atención permanentemente.
En la clínica, Keiko Fujimori pasó algunos exámenes mientras era custodiada por agentes de la Policía Nacional.
Su médico, Juan Menéndez García, indicó que Keiko Fujimori tenía “dolor torácico, triglicéridos elevados y estrés”, por lo que recomendaba “practicar otras pruebas complementarias para descartar un mal cardiovascular”.
El exfujimorista Miguel Castro —ahora en Alianza Para el Progreso—, digitó aportes falsos para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2016, de acuerdo a la versión que dos testigos dieron y que La República pudo conocer.
Castro, que fue elegido con Fuerza Popular al Congreso en el 2016, convenció a los testigos Ricardo Lay Gutiérrez —su cuñado— y a Jorge Palomino Orosco —su amigo— para utilizar sus identidades y aportar a la campaña de la lideresa del fujimorismo, como también habría ocurrido en el 2011, según se colige de las investigaciones fiscales.
El parlamentario, sin embargo, se defendió afirmando que los ahora testigos sí conocían el origen del dinero, y que estaban al tanto de las “donaciones”.
El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, emplazó al Congreso a darle premura a la aprobación del proyecto de adelanto de elecciones para cumplir con los plazos y permitir a la ciudadanía participar en el proceso mediante referéndum.
A menos de dos semanas de terminar setiembre, el titular de Justicia remarcó la importancia de la consulta ciudadana, pues si el proyecto se aprueba en octubre, no alcanzaría el tiempo “y no podrían hacerse las elecciones”.
La República reveló una serie de contrataciones irregulares en el Congreso cometidas por parlamentarios de Fuerza Popular que, mutuamente, empleaban a sus familiares en sus despachos pese a que la ley lo prohíbe.
Ante la denuncia y no poca presión de algunos congresistas, la Comisión de Ética accedió a abrir una indagación preliminar contra Segundo Tapia, Federico Pariona y Elard Melgar.
A través de una auditoría, la Contraloría General de la República reveló que, durante la gestión del fujimorista Luis Galarreta como presidente del Congreso, se contrató de manera irregular, por plazo indefinido, a un grupo de simpatizantes de Fuerza Popular.
La Contraloría reveló que, pese a que no cumplían los requisitos necesarios, estos trabajadores accedieron la condición de plazo indeterminado a través de un acuerdo de la Mesa Directiva que controlaba Fuerza Popular, y que integraba también el Apra y Alianza Para el Progreso.
Tras reunirse en un pleno casatorio, los magistrados de la Corte Suprema del Poder Judicial acordaron ajustar los criterios jurídicos sobre la prisión preventiva, la vigilancia electrónica y el impedimento de salida del país.
Aunque el juez supremo César San Martín afirma que este ajuste "no es un jalón de orejas a jueces o fiscales”, el pleno casatorio insitió en que la prisión preventiva debe seguir siendo una medida excepcional que no debe confundirse con la condena, y que debe ser la última medida que invoquen los fiscales para asegurar sus investigaciones.
En tiempo récord, la comisión especial del Congreso designada para elegir a los candidatos al Tribunal Constitucional, resolvió la lista de aspirantes, pese las críticas de cinco bancadas —que no participaron del proceso— y las observaciones del Poder Ejecutivo.
En prácticamente un día se terminó de completar el rol de 11 candidatos al TC, con los aportes de Fuerza Popular, el Apra, Contigo, Cambio21 y Acción Republicana.
No obstante, en la orilla contraria, se cuestionó que, luego de varios meses sin tomar acuerdos, ahora se intente cerrar el asunto “en dos semanas”, como señaló el congresista del Nuevo Perú Alberto Quintanilla, algo que calificó como una “transgresión a la transparencia”. Por ello, exigieron que se anule el acuerdo para reelaborar la conformación de la lista de candidatos.
El fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez interrogará al exasesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, en la Base Naval del Callao, en el marco de las investigaciones contra Keiko Fujimori.
El objetivo al que apuntaría el fiscal Pérez es Vicente Silva Checa, asesor en las sombras de Keiko Fujimori y extestaferro de Montesinos.
Montesinos, tras enterarse de la diligencia, comunicó a través de su abogada que recibiría al fiscal del Equipo Especial para el caso Lava Jato.
Propuesta por Luis Galarreta, de Fuerza Popular, la abogada Carmela de Orbegoso se hizo conocida luego de que se difundiera un audio suyo con el ex juez supremo César Hinostroza, sindicado como cabecilla de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, a quien, con cercanía, llamó “hermanito lindo”.
Los vínculos de la abogada De Orbegoso con el prófugo ex juez supremo, sin embargo, datan de tiempo atrás, pues César Hinostroza la designó en la Corte del Callao en abril de 2009 como jueza superior suplente.
Aunque en un inicio negó tener alguna relación con el exmagistrado, al final, la abogada aceptó que sí lo conocía. Sin embargo, manifestó que el audio solo revelaba una conversación inocua.
Un nuevo grupo vinculado a Fuerza Popular salió al descubierto el último sábado. Se trata de “Titanio”, un círculo íntimo de Keiko Fujimori encargado de ser el centro de coordinaciones del fujimorismo, con ramificación en la bancada en el Congreso.
Como reveló La República, “Titanio” es una organización secreta y de élite que controla con mano de hierro todas las acciones de Fuerza Popular, desde las actividades de los congresistas de la bancada hasta la defensa legal frente a las investigaciones fiscales sobre financiamiento ilegal y lavado de activos.
El grupo está liderado por Keiko Fujimori, aún desde la cárcel, y todos los miembros se refieren a sí mismo a través de seudónimos, como “Ruth”, que pertenece a la lideresa de Fuerza Popular.