Contraloría concluye que sí hubo nombramientos irregulares en el Congreso
Auditoría verificó que en gestión del fujimorista Luis Galarreta, 17 trabajadores fueron contratados por “plazo indeterminado” sin cumplir con los requisitos, gracias a un acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso, controlada entonces por Fuerza Popular.
Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República evidenció que durante la gestión del fujimorista Luis Galarreta al frente del Congreso, se nombró irregularmente a trabajadores otorgándoles la condición de “plazo indeterminado” en sus contratos, pese a que no contaban con los requisitos necesarios para ostentar dicha categoría.
De acuerdo al informe de auditoría 1761-2019-CG/JUSPE-AC, “se revela que durante el periodo agosto 2016 a julio 2018, 31 trabajadores adquirieron la condición de plazo indeterminado”.
De estos casos, la Contraloría auditó 17, descubriendo que “10 [trabajadores] adquirieron dicha modalidad [de plazo indeterminado] por acuerdo de Mesa Directiva", mientras que 6 lo hicieron tras haber superado los 5 años continuos de trabajo y 1 por mandato judicial.
Sobre estos 10 trabajadores cuyos contratos variaron de un plazo fijo a uno indeterminado, hay que agregar que adquirieron esta condición el 8 de marzo de 2018, cuando Luis Galarreta, de Fuerza Popular, era presidente del Congreso.
También es preciso añadir que cuando el informe de la Contraloría refiere que estos 10 trabajadores obtuvieron la categoría de plazo indeterminado por acuerdo de la Mesa Directiva, lo que dice en realidad es que se trató de una decisión del titular del Congreso y de los vicepresidentes de entonces: Luis Galarreta y Mario Mantilla, de Fuerza Popular; Mauricio Mulder del Apra y Richard Acuña, de Alianza Para el Progreso.
El acuerdo de la Mesa Directiva que aprobó el cambio de condición de los trabajadores fue el N° 156-2017-2018/MEA-CR, de fecha 8 de marzo de 2018.
Contrataciones
En el informe, además, se indica que los cambios en la condición de los trabajadores se pudo dar debido a que, para marzo de 2018, el Estatuto del Congreso de la República, que regula lo concerniente al servicio parlamentario, estaba suspendido.
En efecto, este marco regulatorio fue suspendido el 11 de enero de 2018 a través de la resolución legislativa N°006-2017-2018-CR, firmada por el mismo Luis Galarreta y por su colega Mario Mantilla, a la sazón primer vicepresidente del Congreso.
Estatuto del Servicio Parlamentario.
“Es pertinente mencionar que el citado acuerdo de Mesa Directiva, no es concordante con los acuerdos 103 y 126-2003-2004/MESA-CR de 24 de noviembre y 15 de diciembre de 2003, los cuales establecían requisitos para la conversión de los contratos de trabajo de plazo fijo a plazo indeterminado, entre otros, que los trabajadores cumplan con un mínimo de cinco años continuos y evaluación previa sobre las actitudes, competencia, desempeño y resultado, para cuyo efecto deberá contarse con las referencias de los funcionarios responsables”, señala la Contraloría en su informe.
La auditoría concluyó que, tras el análisis de la documentación que el Congreso entregó, “no se evidenció que los 10 trabajadores cumplían con dichos requisitos”.
En ese sentido, la Contraloría solicitó información que detallara “si existe documentación que acredite alguna evaluación previa (de desempeño, requisitos u otros) para elevar la propuesta de cambio de modalidad a plazo a plazo indeterminado de los 10 trabajadores, obteniendo como respuesta el oficio 408-2019-DRRHH-DGA/CR de 13 de febrero de 2019, en el que adjunta el informe 069-2019-ADBP-DRHH-DGA/CR de 12 de febrero, que señala:”(...) no obra en archivos información concerniente al personal requerido".
Dato
Luis Alberto Mejía Lecca, extesorero de Fuerza Popular, fue contratado por plazo indeterminado en la Oficina de Defensa de las Leyes del Congreso durante la gestión de Luis Galareta.
Mejía Lecca estuvo en prisión preventiva por el caso Odebrecht, al estar implicado en el presunto delito de lavado de activos que habría cometido el partido fujimorista. Sin embargo, fue dejado en libertad por la Corte Suprema el pasado 12 de setiembre.
Según informó La República en agosto último, Luis Mejía confesó ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez que la exasesora de Keiko Fujimori, Ana Herz de Vega, le pidió ayudarle en su fin de desaparecer documentación que incrimine al partido.
