Investigaciones en el Parlamento sin resultados concretos

Por: Wilber Huacasi

Durante esta semana, distintas voces desde el Congreso han subrayado y defendido la importancia de la función fiscalizadora. Tamaño entusiasmo, sin embargo, contrasta con el desempeño de las comisiones especiales de investigación creadas con este fin.

De las siete comisiones investigadoras creadas, en cinco casos se advierte deficiencias y retrasos, ya sea por la desidia de quienes presidieron estos grupos o por el desinterés en la conducción del Congreso para el debate y la aprobación de los informes finales en el Pleno.

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Sin informe final

El primer caso corresponde a la Comisión investigadora de los contratos del gobierno de Ollanta Humala. Se trata del grupo con fines indagatorios instalado el 19 de octubre del 2016 bajo la presidencia de Daniel Salaverry.

Esta comisión hasta hoy no ha cumplido con la entrega de su informe final. Salaverry deslizó que, al asumir la presidencia del Congreso en julio del 2018, el grupo quedó a cargo de Edmundo del Águila. Sin embargo, tres meses antes, en marzo del 2018, el grupo ya había dejado de funcionar, porque los plazos estaban vencidos.

Incluso durante su funcionamiento, hubo un total de siete meses en los que no se convocó a ninguna sesión.

Si bien los miembros de este grupo presentaron algunos proyectos de ley en abril de este año, en los mismos textos reconocen que queda pendiente la presentación del informe final, donde se debe determinar las responsabilidades. Esta comisión demandó un gasto de S/443.970 en pago de asesores.

Hay otras dos comisiones investigadoras cuyos informes finales hasta la fecha no son aprobados por el Pleno.

Por un lado, está la comisión sobre los derrames del Oleoducto Norperuano, a cargo de César Villanueva. El informe ya fue sustentado en el grupo, pero durante la gestión de Luis Galarreta nunca pasó al Pleno. Ya con Salaverry al frente del Congreso, el texto ingresó para el debate al Pleno, en mayo de este año, pero aún no ha sido aprobado. El grupo gastó S/68.399 en asesores.

Por otro lado, la Comisión Madre Mía, bajo la conducción del fujimorista Héctor Becerril, ya tiene un informe aprobado desde setiembre del 2018, pero tampoco pasa al Pleno. El grupo gastó S/856.353 en asesores.

A paso lento

El 28 de junio del 2017, el Congreso aprobó crear la comisión encargada de investigar la corrupción en el Callao desde el año 2006. El grupo recién fue conformado en abril del 2018 y hasta noviembre no tenían avances. Fue así que les ampliaron el plazo por seis meses. En mayo de este año, el fujimorista Percy Alcalá no sustentó ningún informe preliminar y aun así les dieron un nuevo plazo. El grupo ya gastó S/179.232 solamente en los salarios de los asesores.

En tanto, la fujimorista Gladys Andrade tiene a su cargo la Comisión Majes Siguas II, que fue creada en mayo del 2018 y funcionó recién desde setiembre. A la fecha ya pidieron ampliación del plazo indagatorio hasta noviembre de este año.

En estas cinco comisiones, el Congreso ya lleva un gasto de S/ 1.626.170 solo en pago de asesores. Resultados: cero.

Comisiones Lava Jato y Sodalicio

La Comisión Lava Jato, de Rosa Bartra, entregó el informe final, pero tuvo un desempeño de blindaje en favor de Keiko Fujimori, el Apra y Luis Castañeda.

La Comisión Investigadora de Abusos Sexuales de Menores (caso Sodalicio), con Alberto de Belaunde, ya presentó su informe final en julio y ahora la aprobación depende de su programación en la agenda del Pleno.