Exabogado de Alberto Fujimori fue detenido por la Interpol

El abogado Miguel Pérez Arroyo, ex defensa legal de Alberto Fujimori, fue detenido esta sábado en el distrito de Surco, por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) tras ser requerido por la justicia de España.

Pérez Arroyo contaba con notificación roja, clasificación que alerta a la Policía de todo el mundo a recurrir con su detención inmediata.

El gobierno español considera que el ex defensor de Alberto Fujiimori facilitó a peruanos la entrada a España fingiendo contratos de trabajo para poder solicitar permisos de residencia y trabajo, a cambio de 3000 euros por persona.

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Por el hecho se le acusa de los presuntos delitos de falsedad de documento oficial y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Su detención fue solicitada por el Primer Juzgado Penal de Albacete de España.

Luego de la intervención, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para luego pasar a un juzgado penal de turno. Un magistrado decidirá si Miguel Pérez llevará el proceso en su contra en libertad o continuará detenido.

Miguel Arroyo responde

El abogado detenido señaló que el caso por el que se le intervino fue “reactivado por un tema formal” en España por, según dijo, el envío de una documentación de Perú, país en el que también fue procesado.

Miguel Pérez Arroyo aseguró que su caso fue iniciado hace 20 años y fue anteriormente archivado hasta en dos oportunidades. Descartó que vaya a ser extraditado a España por este caso.

"El tema de falsedad documental está absolutamente prescrito y fue a raíz de una tramitación de un conjunto de procedimientos para la obtención de una visa a un conjunto de ciudadanos que en su momento me pidieron, como abogado de inmigración, inmigrar legalmente a España”, declaró en entrevista telefónica a RPP Noticias.

Miguel Arroyo y Alberto Fujimori

Miguel Pérez Arroyo defendió legalmente a Alberto Fujimori Fujimori ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el pedido de la revisión del indulto que el expresidente Pedro Pablo Kuczynksi concedió a su defendido.

Al respecto, la Corte IDH ordenó al Estado peruano revisar la legalidad de la gracia concedida al sentenciado por crímenes de homicidio calificado, secuestros, corrupción, peculado y usurpación de funciones.

Identificaron una serie de cuestionamientos que vulneran las sentencias internacionales que emitió este tribunal por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Tras esto, en octubre del 2018 el juez supremo de Investigación Preparatoria Hugo Núñez Julca decidió anular el indulto humanitario.

El abogado actualmente defiende al excongresista José Luna Gálvez, dueño de la Universidad Privada Telesup, en la denuncia que se le sigue a esta casa de estudios por supuestamente haber servido como fachada para recibir el dinero ilícito de OAS y Odebrecht a favor de Luis Castañeda Lossio.