Un país que odia a las niñas, por Indira Huilca

Ayer sábado 12 de agosto se aplicó el procedimiento de interrupción del embarazo por indicación terapéutica a Mila, una niña de 11 años que sobrellevaba un embarazo producto del abuso sexual sufrido en su propio hogar. Lo que debió ser una decisión célere y un servicio médico inmediato, fue un verdadero calvario para la niña y para su madre, a quienes se les negó en primera instancia una atención que está claramente amparada en la ley y regida por un protocolo. De no ser por la madre, quien enfrentó a funcionarios y funcionarias indolentes, Mila estaría condenada a seguir en un ciclo de violencia, al ser forzada a completar una gestación para la que ni su mente ni su cuerpo están preparados.

El tratamiento de este caso en los servicios de protección muestra no solo la falta de compasión por la situación de una niña violentada, sino también la manera en que el respeto a las normas vigentes es fácilmente reemplazado por creencias personales de malos servidores públicos como la (ahora ex) directora de la Unidad de Protección Especial de Loreto, quien intentó que la madre de Mila desista de solicitar la interrupción del embarazo con una palabrería insensible y contraria a su función, que no es otra que velar por el bienestar de la niña.

Igual de discutible fue el proceder de la Junta Médica del Hospital Regional de Loreto, donde de manera inexplicable se dijo que el caso no cumplía los criterios. Esta negativa motivó la protesta del sistema de Naciones Unidas, que a través de su Comité de los Derechos del Niño exigió al Estado peruano tomar las medidas urgentes que ameritaba la situación. Con el antecedente reciente de ‘Camila’ y de otras tres niñas y adolescentes a quienes se les negó el procedimiento, Perú se muestra ya ante la comunidad internacional como un país que odia a las niñas y les impide a aquellas que han sido agredidas recuperar su salud física y emocional.

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Si bien el sistema de salud dio marcha atrás y finalmente aplicó la ley y brindó el procedimiento, es indignante que esto haya ocurrido solo después de la protesta de las instancias internacionales, las acciones legales contra las y los malos funcionarios, la remoción del cargo de la directora de la UPE Loreto y el traslado de la niña a Lima, al Instituto Materno Perinatal, entidad que en estos momentos le brinda los cuidados médicos necesarios. Cada demora, cada paso en falso y cada negativa no son sino una forma de revictimizar a Mila y, lamentablemente también, una forma de desalentar que cualquiera de las cientos, sino miles de niñas violentadas y sus madres acudan a los servicios de salud y justicia.

Una niña no debe ser madre. Una niña embarazada no es “madre”, como se esmeran en decir los políticos antiderechos (principalmente onvres, claro), como el incalificable Luis Solari, que apareció en la televisión para hablarle a la audiencia “del principio del interés superior del niño” y de la “protección al indefenso”, dejando de lado que Mila es una niña indefensa ante los abusos tanto de su agresor como de algunos señores, que cuando no ignoran su sufrimiento, solo lo atienden como parte de su cháchara ideológica pseudo legal.

El que una niña resulte embarazada solo puede ser evidencia de abuso, de violencia, de la forma más abyecta de la maldad. Y el que se le niegue a esa niña la atención inmediata que requiere, solo reafirma que antes que en una república de Estado laico, vivimos en el reino de la misoginia y la impunidad.