La crisis del gas y el colapso del gobierno congresal, por Pedro Grandez

Pedro P. Grández Castro. Profesor Universitario - Sociedad Peruana de Constitucionalistas

La crisis energética que hoy atraviesa el Perú no puede entenderse como un simple “accidente” o una emergencia más. No se trata únicamente de la avería de un ducto de gas en las inmediaciones del distrito de Magatoni (Cusco), sino de la evidencia de un vacío mucho más profundo en la conducción política del país durante los últimos años. Lo ocurrido revela el colapso de una forma de gobierno organizada sobre la base de repartos y prebendas, y alejada de los intereses nacionales. No debe olvidarse que los sectores estratégicos de una economía suelen revelar con rapidez las debilidades de un Estado ausente o incapaz de atender necesidades básicas. Y la energía —que mueve el transporte, la industria y la vida cotidiana— constituye quizá el espejo más nítido de esas fragilidades.

El gobierno no exagera cuando, a través del ministro de Energía y Minas, ha señalado que se trata de la crisis energética más grave de los últimos años. Lo que se omite señalar, sin embargo, es que esta situación está estrechamente vinculada con la improvisación, la desidia y el desgobierno que el país arrastra desde hace tiempo. Hoy esa crisis política se manifiesta con efectos especialmente perniciosos para los sectores más vulnerables y con riesgos evidentes para otros ámbitos clave de la economía nacional.

La propia Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha advertido reiteradamente sobre “la falta de medidas que permitan recuperar la competitividad de esta importante industria de la economía nacional”, así como sobre la ausencia de políticas de mediano y largo plazo. Las políticas públicas en sectores estratégicos requieren planificación, conocimiento técnico y continuidad institucional. La política energética, en particular, se diseña con horizontes de varias décadas: exploración de reservas, construcción de ductos, expansión de redes eléctricas y transición hacia nuevas fuentes de energía.

La Constitución establece como deber fundamental del Estado “proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación” (artículo 44). El cumplimiento de estas funciones exige políticas estables y sostenidas en el tiempo. Nada de ello es posible en un contexto de inestabilidad política permanente. Los cambios constantes de ministros, la rotación de equipos técnicos y la lógica de la improvisación debilitan la capacidad del Estado para conducir políticas complejas como la energética. La seguridad de la población queda así expuesta a una situación de creciente vulnerabilidad en un sistema político que ha erosionado el equilibrio de poderes y que ha convertido el cambio de presidentes en un mecanismo de reacomodo entre los grupos que dominan cada coyuntura parlamentaria.

Desde una perspectiva constitucional, el problema no es menor. La Constitución atribuye al Poder Ejecutivo la dirección de la política general del gobierno, lo que incluye la conducción de sectores estratégicos como el energético. Sin embargo, cuando el sistema político queda condicionado por un Congreso más preocupado por la reelección y por la preservación de cuotas de poder en los ministerios, esa función de dirección se diluye, con consecuencias graves para el desarrollo de áreas fundamentales del país.

La crisis energética ha puesto al descubierto los efectos de una política en la que con demasiada frecuencia prevalecen intereses de grupo antes que el bienestar de la comunidad. Sus consecuencias ya se perciben en la vida cotidiana de la población: en el precio del combustible que paga un taxista, en la tarifa eléctrica que afronta una familia o en los costos de producción de miles de pequeñas empresas. Cuando el gas escasea, aumenta la demanda de otros combustibles como la gasolina, se encarece el transporte y se incrementan los precios de los bienes básicos. La energía es, en última instancia, uno de los motores silenciosos de la economía cotidiana.

Por ello, la ciudadanía no debería observar estos problemas como si estuvieran desconectados de la grave crisis de la política nacional. Las crisis energéticas rara vez surgen de un día para otro: son el resultado de decisiones acumuladas, de la ausencia de planificación y de la debilidad de las instituciones encargadas de pensar el futuro y garantizar la seguridad de bienes esenciales como la energía.

Las próximas elecciones pueden constituir también una oportunidad para exigir responsabilidades a quienes han socavado la institucionalidad del Estado y han rentabilizado políticamente la inestabilidad. La ausencia de políticas públicas en sectores clave —como la educación, la salud, cuya precariedad quedó dramáticamente expuesta durante la pandemia, o la seguridad energética que hoy paraliza al país— es el resultado de este progresivo deterioro de la conducción política.

En más de un proceso electoral, la masificación del gas y la política energética han ocupado un lugar central en el debate público. La crisis del gas que hoy enfrenta el país debería, al menos, servir para recordar la importancia de recuperar políticas públicas en sectores estratégicos como el energético y para exigir cuentas a quienes han convertido la política en un espacio de negociación de intereses y prebendas, olvidando el papel esencial del Estado en la seguridad y el desarrollo de la Nación.