El Gobierno de Dina Boluarte carece de legitimidad y ejerce su poder de modo autoritario, violento y arbitrario. Lo mismo ocurre con el Congreso y sus bancadas, que están operando o en última instancia permitiendo el destrozo de los mecanismos de justicia, de control constitucional y la captura de la institucionalidad electoral.
Los ocupantes de ambos poderes son ampliamente rechazados por la ciudadanía, pero como hemos visto a lo largo de estos trágicos siete meses, subsisten en virtud de un pacto de no agresión, de un vergonzoso respaldo del sector empresarial (71% de gerentes de empresas top aprueba a Boluarte, SE-Ipsos, junio) y de la venia de una derecha antidemocrática para la que Boluarte y compañía son una suerte de “peor es nada” para resguardar la moribunda Constitución de 1993.
En defensa de sus intereses, que se sirven de la permanencia de Boluarte en el cargo, esa variopinta coalición promueve miedo, persecución y desinformación sobre el derecho a la protesta y sobre quienes lo hemos venido ejerciendo de manera contundente desde las regiones y en Lima, y que hoy nos alistamos para la Jornada Nacional de Lucha del 19 de julio. La legitimidad de las movilizaciones y el respaldo sostenido que registran varias encuestas recientes contrastan fuertemente con el desprestigio del Gobierno por la violenta represión y por su mala gestión.
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Ese mayoritario rechazo ciudadano al Gobierno y al Congreso tiene su correlato en el rechazo activo y movilizado que se expresa en paros, asambleas, plantones y marchas que, aunque más localizadas, se han sucedido en los últimos meses. En ese tiempo, se han escuchado y debatido distintas consignas sobre la salida a esta larga crisis, en medio de una comprensible frustración por el bloqueo al adelanto electoral y el luto por la brutal represión sufrida.
Es un momento en que, más que acordar una consigna única, necesitamos sumar fuerzas y comprender que la jornada del 19 de julio es la continuación de las movilizaciones iniciadas en diciembre. Vivimos un estallido que dificultó luego hacer un repliegue ordenado. Las delegaciones del sur que sacrificadamente llegaron a Lima retornaron desgastadas y emocionalmente muy golpeadas por el desprecio que enfrentaron en la capital. Fueron terruqueadas y no tuvieron la solidaridad de otros sectores políticos.
Estamos en un momento de reencuentro con varios retos. El primero, defender el derecho a la protesta, a levantar nuestra voz y expresarnos de forma visible en las calles sin ceder al chantaje y criminalización que ha puesto en marcha este régimen, utilizando a la Policía y las Fuerzas Armadas. Este es un terreno común para convocar a una amplia base social y política, más allá de organizaciones y corrientes con consignas más específicas.
Otro punto de igual importancia es abrir un nuevo período para reconstruir sustantivamente la democracia, una democracia que sea distinta de esta, que Gobierno y congresistas se esfuerzan por sepultar. Esta reconstrucción tiene como primera condición la salida de Boluarte y el cierre de este Congreso delincuencial, sin dejar de exigir la justicia que merecen las víctimas y la reivindicación necesaria de las regiones que han sido agraviadas.
Los pueblos del sur son ejemplo de resistencia heroica. La Lima popular les da la bienvenida a esta ciudad que también es suya, por más barreras que el poder de turno coloque en sus supuestas “fronteras”. Vamos sin miedo y con mucha esperanza a levantar nuestra voz por un país justo. Nos vemos en las calles este 19 de julio y todos los días que hagan falta hasta que caiga este régimen.
Socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nací en Lima, en La Victoria, en 1988. Excongresista de la República. Fui Presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia. Exregidora de la Municipalidad de Lima. Soy militante de izquierda y feminista.