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Notas de Prensa

Piura: Defensoría del Pueblo exige activar planes de emergencia ante posibles impactos del fenómeno El Niño en esta región

La Defensoría del Pueblo en Piura alerta sobre el riesgo del fenómeno El Niño Costero y sugiere a autoridades adoptar acciones preventivas para mitigar sus efectos en la región.

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Se solicita la creación de mapas de peligro y la activación de sistemas de alerta temprana para entrega oportuna de ayuda humanitaria. Fuente: Defensoría del Pueblo.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura expresó su preocupación ante el riesgo inminente que representa la eventualidad de un fenómeno El Niño Costero para los próximos meses y la posibilidad de que se repita el escenario que vivió esta región hace tres años. En ese sentido, demandó a las autoridades regionales y provinciales adoptar acciones preventivas inmediatas para mitigar sus efectos ambientales, sociales y económicos, así como activar sistemas de alerta temprana que permitan garantizar la entrega oportuna de ayuda humanitaria.

La advertencia fue planteada en un documento dirigido al Gobierno Regional de Piura y a los gobiernos locales de la región, a los que se requirió también la elaboración de mapas de peligro que permitan identificar a los sectores más propensos a lluvias e inundaciones.

Como se sabe, durante la emergencia del Fenómeno El Niño y las lluvias intensas de 2023 originadas por el ciclón Yaku, la región Piura fue una de las más perjudicadas del país, con cerca de 400 mil personas afectadas, miles de casas destruidas e inundaciones generalizadas en varios distritos de la región.

Por otro lado, de acuerdo a los últimos reportes oficiales del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) y de la Organización Meteorológica Mundial emitidos en junio de 2026, el estado de “Alerta de El Niño Costero” se mantiene vigente con una magnitud moderada que se extenderá al menos hasta febrero de 2027, existiendo además una alta probabilidad de que evolucione hacia un evento de alcance global durante el segundo semestre de este año.

Ante este escenario, la institución advirtió que los impactos en las provincias piuranas pueden ser de gran magnitud, afectando directamente derechos fundamentales como la vida, la salud y el acceso al agua. Por su parte, el calentamiento anómalo del mar y las precipitaciones extremas sobre el territorio costero elevan de forma alarmante el peligro de inundaciones, desbordes de ríos, huaicos y deslizamientos, una situación que golpeará con particular fuerza a la costa norte del país.

Otro aspecto alertado por la sede defensorial fue que estas condiciones climáticas podrían propiciar la proliferación de vectores y el aumento drástico de enfermedades como el dengue, la leptospirosis e infecciones diarreicas agudas. Además, el sector productivo sufriría graves pérdidas por la destrucción de cultivos en los valles y la alteración de recursos hidrobiológicos que sustenta a la pesca artesanal, lo que pondría en riesgo el empleo y la seguridad alimentaria de miles de familias.

En ese sentido, ante la urgencia de salvaguardar los servicios públicos esenciales y proteger los ecosistemas locales como humedales, lomas y manglares, la Defensoría del Pueblo exigió la activación inmediata de los grupos de trabajo de gestión del riesgo de desastres y las plataformas de defensa civil, así como la ejecución de tareas de limpieza y descolmatación de drenajes, canales y cauces de ríos antes del inicio de las lluvias. Del mismo modo, se requirió al Gobierno Regional de Piura intensificar la fumigación y el control de vectores en coordinación con las autoridades de salud y asegurar la protección prioritaria de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas mediante albergues debidamente acondicionados.

Finalmente, la sede defensorial recordó a las municipalidades la obligación estricta de fiscalizar y frenar la ocupación informal o edificación de viviendas en zonas de alto riesgo como fajas marginales y laderas inestables. Además, precisó que permanecerá vigilante durante todo el periodo de vigencia del fenómeno para garantizar que el Estado cumpla con su deber de proteger a la población y asegurar la continuidad de los servicios de energía, transporte, educación y salud.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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