Hijo de Jair Bolsonaro irá a juicio en Brasil: lo acusan de intentar frenar la condena de su padre por golpismo

La justicia brasileña fijó el 16 de junio como fecha de inicio del juicio contra Eduardo Bolsonaro, exdiputado e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar interferir en el proceso que terminó con la condena de su padre por el caso de golpismo. La decisión fue tomada por la Primera Sala del STF, después de que el magistrado Alexandre de Moraes remitiera el expediente para su análisis por los demás integrantes del tribunal.

La Fiscalía de Brasil sostiene que el exparlamentario incurrió en el delito de coacción en el curso del proceso al promover acciones ante autoridades de Estados Unidos con el fin de presionar a jueces y funcionarios brasileños. Según la acusación presentada por la Procuraduría General de la República, esas gestiones buscaron impedir una condena contra el líder de la derecha brasileña por el intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022.

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Defensa pide anular el proceso por parcialidad de Moraes

El caso será evaluado por los magistrados Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia y Alexandre de Moraes. La acusación afirma que Eduardo utilizó amenazas y promovió represalias internacionales contra dirigentes involucrados en el juicio por golpismo. Para los investigadores, algunas de esas medidas llegaron a concretarse y tenían como objetivo beneficiar políticamente al exmandatario.

La Defensoría Pública, que asumió la representación legal del acusado tras la ausencia de un abogado particular, pidió la nulidad del procedimiento. La institución argumenta que Moraes no debería participar porque figura entre los posibles afectados por sanciones impulsadas desde el exterior. En sus alegatos finales, la defensa afirmó que el magistrado actúa como “juzgador y presunta víctima”, una cuestión que será examinada por la corte antes de emitir una decisión definitiva.

La investigación también señala que Eduardo Bolsonaro mantuvo contactos con integrantes de la administración de Donald Trump con el fin de promover penalizaciones, restricciones migratorias y medidas económicas a Brasil. De acuerdo con la Fiscalía, esas iniciativas formaban parte de una estrategia que buscaba influir sobre el Tribunal Supremo y alterar el resultado de los procesos relacionados con el intento de golpe de Estado.

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Flávio Bolsonaro niega vínculos con banquero que financió película

Otro asunto vinculado a la exfamilia presidencial ha generado repercusión política. El senador Flávio Bolsonaro rechazó cualquier irregularidad relacionada con el financiamiento de un largometraje sobre la trayectoria de su padre. Las declaraciones surgieron luego de que investigaciones periodísticas revelaran conversaciones entre el exbanquero Daniel Vorcaro, propietario de Banco Master, y personas involucradas en la producción cinematográfica.

Mensajes divulgados por medios brasileños muestran intercambios sobre pagos millonarios destinados al proyecto audiovisual. Flávio respondió a las acusaciones asegurando que “había un contrato privado, con inversión privada para una película privada”. Asimismo, calificó las denuncias como una “cortina de humo” con el fin de desviar la atención de otros asuntos políticos y económicos.

Por su parte, Eduardo negó haber actuado como financiador de la producción. Explicó que invirtió US$50.000 en una etapa inicial del proyecto y después recuperó ese dinero. Según su versión, su participación garantizaba la continuidad del desarrollo del guion y la colaboración de profesionales contratados para el filme.

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Las sanciones a Brasil que agravaron la crisis diplomática

La acusación se desarrolla en medio de una compleja relación entre Brasil y Estados Unidos. Según el Ministerio Público, las gestiones atribuidas al exdiputado coincidieron con la imposición de sanciones políticas y financieras contra funcionarios brasileños, además de aranceles que llegaron hasta el 50% en diversos productos exportados por el país sudamericano.

Los fiscales sostienen que esas medidas fueron impulsadas con el objetivo de presionar al sistema judicial brasileño durante las etapas decisivas del juicio. Aunque posteriormente fueron revertidas, contribuyeron a una crisis diplomática entre ambos países. A ello se sumaron nuevas amenazas comerciales por parte de organismos estadounidenses, que cuestionaron prácticas económicas brasileñas y denunciaron supuestas irregularidades laborales.

La Procuraduría también investiga la actuación de Paulo Figueiredo, aliado de la familia Bolsonaro, a quien vincula con una estrategia destinada a obtener castigos internacionales hacia jueces del STF. Según la acusación, ambos aprovecharon contactos en Estados Unidos para incentivar represalias contra magistrados y autoridades federales.