Gustavo Villatoro, el hombre detrás del plan de Bukele y aliado de Kast que es vinculado con narcotráfico y corrupción

Gustavo Villatoro es el actual ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador y uno de los arquitectos del llamado "modelo de seguridad" implementado por el gobierno del presidente Nayib Bukele. En los últimos años, ganó protagonismo por liderar una estrategia masiva de mano dura contra pandillas, con detenciones masivas, fuertes operaciones policiales y reformas al sistema penitenciario, pero también fue vinculado con asesinatos, corrupción, violaciones a los derechos humanos y narcotráfico, según Interferencia.

A pocos días de las elecciones, Villatoro fue invitado a Chile por la Universidad San Sebastián -en plena campaña electoral del país- y se reunió públicamente con José Antonio Kast, candidato presidencial chileno, quien manifestó su intención de conocer e incluso aplicar el “modelo Bukele” en la nación sudamericana.

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Kast no descarta aplicar "modelo Bukele" en Chile tras reunión con Villatoro

José Antonio Kast ha defendido públicamente la estrategia de seguridad salvadoreña como un ejemplo que "podría aplicarse" en Chile. Según declaraciones recogidas tras su reunión con Villatoro, el candidato republicano consideró que la experiencia salvadoreña demuestra que "mano dura" y una gestión carcelaria estricta serían el camino para combatir el crimen organizado eficazmente. Así lo informó La Tercera y El Mostrador. En ese contexto, Kast señaló que recibió del ministro salvadoreño "muchos comentarios y observaciones sobre cosas que no son iguales (entre El Salvador y Chile), pero que podrían eventualmente aplicarse" en el país.

La invitación hecha por la Universidad San Sebastián generó fuertes críticas. Desde el medio que reveló su vinculación controvertida, se cuestiona la decisión de no haber investigado su pasado antes de darle foro público, especialmente en un país ajeno como Chile. El artículo de Interferencia lo califica como "un oscuro personaje del gobierno salvadoreño conocido por sus actos de corrupción desde que fue director de aduanas y luego abogado y socio de narcotraficantes".

Para sus detractores, este tipo de gestos -presentar a Villatoro como un referente de seguridad- implica normalizar un modelo que combina mano dura con opacidad institucional, algo que, argumentan, sería incompatible con estándares democráticos y de derechos humanos.

¿De qué se le acusa a Villatoro?

De acuerdo a Interferencia y la Radio Orolonco, las principales acusaciones en su contra, según las investigaciones periodísticas y los informes de derechos humanos son:

Estas acusaciones no siempre provienen de sentencias firmes: muchas están aún en la etapa de denuncia, investigación o documento periodístico. Pero varias organizaciones de derechos humanos identifican a Villatoro como responsable institucional por supervisar al sistema de seguridad y prisiones del Estado, según Human Rights Watch.

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Exagente de la DEA acusa a exfiscal salvadoreño de proteger a Villatoro por caso Cártel de Texis

De acuerdo con una investigación citada en un artículo de Interferencia, el exagente de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, Danny Dalton, habría acusado en 2016 al entonces fiscal general Douglas Meléndez de entorpecer investigaciones contra el llamado Cártel de Texis, supuestamente para proteger a sus miembros, quienes serían Gustavo Villatoro y el actual fiscal general, Rodolfo Delgado.

El artículo de Interferencia que recoge la acusación advierte que, de comprobarse, pondría en entredicho la integridad del sistema de justicia salvadoreño y explicaría por qué ciertas redes criminales habrían logrado subsistir en medio de la "guerra contra las pandillas".

Hasta ahora, la información proviene de declaraciones de un exagente, no de una investigación judicial formal pública que haya llevado a condenas. Por eso, sigue siendo una acusación grave que requiere verificación judicial y transparencia.

Muerte del exasesor presidencial de Bukele: ¿asesinado?

De acuerdo a Interferencia y Human Rights Watch, Villatoro habría sido una pieza clave para denunciar una trama interna de corrupción, espionaje político y represalias dentro del gobierno de Bukele. Según esas investigaciones, tras denunciar irregularidades, Muyshondt fue arrestado en agosto de 2023, y más tarde murió bajo custodia en circunstancias controversiales.

Organizaciones de derechos humanos como HRW y Cristosal documentaron desde 2022 que, durante el régimen de excepción, ocurren detenciones arbitrarias, torturas, hacinamiento, muertes en prisión y violaciones graves al debido proceso.

Un informe de HRW concluye que este patrón de abusos está habilitado por la destrucción sistemática de los contrapesos democráticos: la independencia judicial ha sido socavada, la fiscalía controla gran parte del sistema de justicia, y hay escasa rendición de cuentas. Villatoro, como ministro de Seguridad y responsa

Aunque los detalles específicos del caso Muyshondt -como la cadena de mando exacta de decisiones, quienes dieron las órdenes, o si existió tortura directa ordenada por Villatoro- no han sido judicialmente comprobados públicamente, su muerte alimentó la sospecha de que podría tratarse de un crimen de Estado. Los defensores de derechos humanos exigen investigaciones independientes, transparencia en los archivos del sistema penitenciario y que los responsables rindan cuentas.

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Otros casos de corrupción y abusos vinculados al gobierno de Bukele

Desde que asumió el poder en 2019, el gobierno de Bukele ha sido señalado por organismos internacionales como HRW por debilitar los mecanismos de control institucional: destituciones sumarias de magistrados y fiscales, cooptación de poderes del Estado, lo que ha facilitado un uso arbitrario del sistema penal.

Además, de acuerdo a El País, se han denunciado decenas de miles de detenciones arbitrarias, muchas de ellas de menores, basada en denuncias anónimas o criterios muy vagos, seguida de juicios masivos, detenciones prolongadas sin condena, hacinamiento extremo, abusos, torturas y muertes en custodia.

Organizaciones como Cristosal alertaron que el régimen de excepción, lejos de garantizar seguridad y justicia, ha instaurado un sistema punitivo masivo que penaliza la pobreza, la marginalidad, la juventud, y borra la línea entre delincuentes declarados y ciudadanos víctimas de abusos institucionales.