
Rafael Tudares, yerno del excandidato presidencial venezolano y líder opositor del régimen de Nicolás Maduro, Edmundo González Urrutia, recibió una sentencia de 30 años de prisión tras un proceso que su familia describió como opaco y sin detalles accesibles sobre los cargos atribuidos. La notificación llegó a su esposa, Mariana González de Tudares, después de una audiencia celebrada el viernes y comunicada formalmente días después, según su declaración.
La esposa del detenido afirmó que ni ella ni los abogados tuvieron acceso al expediente desde la aprehensión ocurrida en enero. Informó que las autoridades mantuvieron los documentos bajo reserva debido a la “naturaleza del caso”, situación que, según expresó, eliminó posibilidades de conocer elementos procesales esenciales. En su mensaje, señaló: “Esta decisión representa una grave violación de los derechos y garantías judiciales que tiene Rafael, y que tengo yo como su esposa y madre de nuestros dos niños”.
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De acuerdo con la información divulgada por la familia y por organizaciones opositoras, el caso incluyó imputaciones por varios delitos previstos en la legislación penal venezolana. La acusación mencionó supuesta complicidad en actos violentos contra la República, usurpación de funciones, forjamiento de documentos, legitimación de capitales, desconocimiento de las instituciones del Estado, instigación a la desobediencia de las leyes y asociación para delinquir. La familia sostiene que ninguna de esas atribuciones corresponde a su conducta.
Tudares fue arrestado el 7 de enero, frente a sus hijos menores de edad, durante un operativo señalado como irregular por su entorno. Tras la detención, permaneció 42 días sin ubicación conocida, periodo que su esposa identificó como una etapa de “desaparición forzada”. En febrero, la Plataforma Unitaria Democrática denunció que la audiencia preliminar careció de garantías y calificó el acto como un procedimiento “fraudulento”.
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González Urrutia expresó rechazo absoluto a la decisión judicial y la describió como un castigo dirigido a su entorno familiar. En su comunicado señaló: “Se trata de una decisión sin sustento jurídico, incompatible con la Constitución y utilizada como represalia política para intentar afectarme y distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024”. El dirigente indicó también que los hechos atribuidos a Tudares no guardan vínculo con sus responsabilidades públicas.
El político opositor afirmó que la medida confirma una práctica que utiliza procesos judiciales contra personas ajenas a su actividad. Subrayó: “Rafael y Mariana no tienen vínculo alguno con mis responsabilidades públicas. Utilizar el sistema de justicia para castigar a terceros es una práctica que confirma la confusión entre poder e impunidad que tanto daño le ha hecho al país”. González Urrutia se pronunció desde el exilio, adonde viajó en septiembre tras salir de Venezuela rumbo a España.
Mariana González de Tudares declaró que durante diez meses no recibió autorización para revisar las actas procesales ni para conocer el número del expediente judicial. Afirmó: “En 10 meses de proceso nunca se nos ha permitido revisar las actas procesales del caso y, mucho menos, obtener una copia del expediente seguido en su contra”. Sostuvo que esta situación impidió cualquier preparación de defensa y generó un estado de indefensión absoluta. Agregó que la sentencia tampoco fue entregada para consulta y que las autoridades negaron todos los accesos solicitados.
La esposa enfatizó que su esposo permaneció once meses bajo condiciones que, según su testimonio, vulneraron garantías básicas. Expuso: “Luego de 11 meses en situación de desaparición forzada y mediante un proceso penal clandestino y oculto, confirmo que, según me informaron las autoridades competentes, mi esposo Rafael Tudares Bracho habría sido condenado a 30 años de prisión”. Concluyó su mensaje con la afirmación: “No me rendiré y, a pesar de las circunstancias absolutamente adversas, seguiré luchando por todas las vías humanitarias disponibles, por la vida, la libertad, la integridad personal y los derechos de mi esposo Rafael Tudares Bracho”.

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