
El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump. La noticia fue brindada por la esposa y el abogado del expresidente. La liberación ocurre en medio del despliegue militar en el Caribe por la lucha contra el narcotráfico de EE.UU. y las acusaciones de injerencia del político republicano en las elecciones de Honduras 2025.
Hernández fue liberado de una prisión en Virginia Occidental el lunes 1 de diciembre. Su esposa contó la noticia a través de sus redes sociales: "Una vez más un hombre libre". En el sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos figura la liberación de un hombre que coincide con el nombre y la edad del expresidente hondureño.
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Trump justificó el perdón asegurando que Hernández había sido “tratado muy severamente e injustamente”. Según el anuncio del indulto, la condena que pesaba contra JOH se habría basado en un juicio politizado, impulsado bajo la administración del demócrata Joe Biden. El centro del argumento de Trump —y de sus vocerías— es que Hernández fue víctima de un “montaje judicial”, apoyado en testimonios de criminales arrepentidos, en un caso para ellos cargado de intereses políticos más que de justicia real.
En ese sentido, para la administración de Trump el indulto no es solo un acto de clemencia, sino una rectificación, por lo que consideran un abuso de poder judicial durante la era Biden. Con ello, envía un mensaje sobre cómo Estados Unidos interpreta sus relaciones con Honduras —especialmente en el marco electoral actual— y cómo entiende la aplicación de su sistema de justicia en casos sensibles de narcotráfico.
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Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022. Ya había ocupado diversos cargos públicos como diputado desde 1998 y presidente del Congreso. Tras dejar el cargo, fue arrestado en 2022 y extraditado a Estados Unidos. En junio de 2024, un tribunal federal en Nueva York lo declaró culpable de conspiración para traficar cocaína en gran escala hacia EE.UU. La acusación sostiene que facilitó el ingreso de aproximadamente 400 toneladas de cocaína provenientes de Colombia y Venezuela.
La fiscalía estadounidense lo acusó, además, de convertir a Honduras en un “narco-Estado”, al usar su posición para proteger redes criminales, aceptar sobornos y permitir el tránsito de droga mediante seguridad institucional, impunidad a narcotraficantes, protección y manipulación estatal.
Durante su gobierno, Hernández fue reelegido en 2017 mediante un controversial fallo judicial que le permitió una reelección inconstitucional, según críticos. Esa reelección desató protestas masivas: muchos denunciaron fraude, manipulación institucional, debilitamiento de la oposición y concentraciones de poder.
Además, su gestión estuvo marcada por denuncias de corrupción, desvío de fondos públicos —incluido del Seguro Social— y un acusado debilitamiento de instancias de control. Su gobierno transitó entre una fuerte retórica de mano dura contra el crimen y denuncias de vínculos reales con el narcotráfico que terminaron por sepultar su legado institucional.
Aunque Hernández recuperó su libertad tras el indulto, su caso sigue generando polémica internacional. Sus críticos consideran que el perdón socava la credibilidad de la guerra antidrogas de Estados Unidos, especialmente al contrastar la liberación de un condenado con operaciones navales recientes contra narcotraficantes en el Caribe, según The Guardian.
En Honduras, su nombre sigue vinculado a investigaciones de corrupción y a un legado de instituciones debilitadas, fraude electoral y redes criminales enquistadas en el Estado. Sectores de la sociedad y la oposición advierten que su retorno podría reactivar estructuras de poder cuestionadas, lo que podría tensar aún más el clima político.
Finalmente, aunque Estados Unidos lo indultó, no hay claridad sobre si el perdón protege a Hernández de procesos civiles, confiscaciones de bienes o responsabilidades en Honduras. Además, persiste el riesgo de que su liberación y eventual retorno al país reabra viejas heridas políticas, judiciales y sociales.

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