
Jair Bolsonaro deberá cumplir los 27 años de prisión impuestos por intento de golpe de Estado en Brasil. Así lo dictaminó la Corte Suprema —formalmente conocida como Supremo Tribunal Federal (STF)—, que además abrió la vía para ejecutar las condenas de forma inmediata.
Cabe destacar que el expresidente brasileño se encuentra recluido en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia desde el sábado 22 de noviembre, aunque no por el intento de golpe de Estado, sino por haber intentado quitarse el grillete electrónico impuesto durante su arresto domiciliario y por el riesgo de fuga, tras una vigilia organizada por su hijo Flávio frente a su residencia.
Junto a Bolsonaro, el Supremo Tribunal Federal (STF) cerró el proceso contra Alexandre Ramagem y Anderson Torres, quienes no presentaron el recurso de moción de aclaración. Por ello, los tres implicados serán trasladados a los centros donde cumplirán sus respectivas condenas, determinadas por un juez específico.
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La defensa de Jair Bolsonaro aún podía apelar mediante un recurso de revisión, una herramienta legal con capacidad para modificar la sentencia. Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal (STF) resolvió que ese recurso era inadmisible, ya que solo se admite cuando al menos dos jueces votan por la absolución, algo que no ocurrió durante el juicio celebrado en septiembre.
Con esta decisión, la condena de 27 años y 3 meses de prisión contra el expresidente brasileño quedó firme y la Corte habilitó su ejecución inmediata. Aunque Bolsonaro permanece bajo custodia en instalaciones de la Policía Federal en Brasilia, ahora podría ser formalmente trasladado a una prisión del sistema federal para comenzar a cumplir su condena.
El Partido Liberal, encabezado por Jair Bolsonaro, había anunciado que priorizaría un proyecto de amnistía para anular la condena de 27 años impuesta al exmandatario por intento de golpe de Estado. La propuesta fue impulsada tras una reunión urgente en la sede del partido, con participación de su familia y aliados políticos.
No obstante, la estrategia se vio comprometida luego de que el Supremo Tribunal Federal confirmara su prisión preventiva, al considerar que Bolsonaro violó el monitoreo electrónico y representaba riesgo de fuga. El hecho generó reservas incluso dentro del Congreso, tras difundirse un video donde el expresidente admite haber manipulado la tobillera.

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