
Bolivia vivió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en un contexto de profunda crisis económica, caracterizada por la falta de combustibles, la disminución de las reservas internacionales y el aumento constante del costo de vida. En este panorama, Rodrigo Paz García, senador y exalcalde de Tarija, se perfila como el virtual nuevo mandatario, con el 54,5% de los votos escrutados, frente al 45,4% de Jorge Quiroga.
Su postulación, respaldada por el Partido Demócrata Cristiano, ha combinado propuestas de reforma fiscal, énfasis en la formalización de la economía y un discurso que evita definiciones ideológicas tradicionales. A la vez, plantea una estrategia de gobernabilidad centrada en la búsqueda de consensos para enfrentar un contexto institucional fragmentado y de alta demanda social.
En entrevista con La República, la periodista Tanya Imaña Serrano señala que Rodrigo Paz tiene una trayectoria consolidada en el ámbito público. "Ha sido diputado, alcalde y senador. Tiene más de 20 años en política, y eso puede jugar a su favor en términos de experiencia", explicó.
Desde una perspectiva académica, el sociólogo Ricardo Alonzo Fernández destaca que se trata de un candidato con presencia constante en el territorio. "Ha estado en campaña desde hace años y ha recorrido cientos de municipios. No es alguien que haya emergido por coyuntura", comentó.
Uno de los ejes principales de su programa económico es aumentar los ingresos fiscales mediante medidas no convencionales. Fernández detalla que la legalización de vehículos indocumentados, conocidos como "autos chutos", podría cubrir hasta un 20% del déficit fiscal. A esto se suma la propuesta de legalizar la marihuana, con un potencial de entre 5% y 10% adicional.
El equipo técnico del candidato también ha planteado la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, que representa aproximadamente un tercio del déficit actual. Según Fernández, en conjunto estas medidas cubrirían más del 50% del desbalance fiscal, aunque advierte sobre sus posibles efectos adversos. "Implementarlas de forma abrupta puede generar presión inflacionaria y rechazo social", afirmó.
Otro punto clave es su propuesta de redistribuir el presupuesto nacional: actualmente, el 80% de los recursos son administrados por el gobierno central y el 20% por los subnacionales. Paz plantea una fórmula 50/50. Fernández observa que esta redistribución podría trasladar parte del ajuste fiscal a municipios y gobernaciones, lo que limitaría su margen operativo.
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La situación económica se perfila como el mayor desafío inmediato. Imaña indica que Bolivia enfrenta una grave escasez de divisas, lo que ha provocado desabastecimiento de combustibles, afectando tanto al transporte como al sector productivo. "Es común ver filas kilométricas de vehículos en busca de gasolina o diésel. La crisis ya impacta en la logística y en la vida cotidiana", señala.
En respuesta a este panorama, Paz ha prometido que desde el primer día de su gobierno desaparecerán las filas para acceder a combustibles. Para Imaña, esa afirmación genera dudas. "Es una promesa arriesgada. Resolver un problema estructural en 24 horas no es realista", advierte.
Fernández coincide en que algunas medidas planteadas podrían aplicarse con rapidez, pero sus consecuencias deben ser evaluadas con cautela. "Eliminar las subvenciones de forma inmediata puede generar un shock inflacionario. Es una política de alto costo político", explica. También observa con escepticismo propuestas como los perdonazos o incentivos para la formalización acelerada, que han demostrado resultados limitados en economías como la boliviana.
Un tema especialmente delicado ha sido la propuesta de incorporar a sectores interculturales —una categoría impulsada por el oficialismo— como actores productivos formales. Paz ha evitado referirse directamente a la legalización de avasallamientos, pero sugirió que estas personas podrían convertirse en medianos empresarios agrícolas. Imaña advierte: "Se han denunciado tomas violentas de tierras productivas. Asociar esa problemática con propuestas económicas genera preocupación, sobre todo en Santa Cruz".
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Durante el último debate presidencial, Rodrigo Paz y Jorge "Tuto" Quiroga coincidieron en que la futura gobernabilidad del país dependerá de una relación constructiva entre ambos, cualquiera sea el resultado electoral. La actual configuración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, definida en la primera vuelta, exige colaboración interpartidaria para avanzar en reformas clave.
Fernández considera que el margen de acción de cualquier presidente será limitado sin acuerdos legislativos mínimos. "Ni Paz ni Quiroga podrán aplicar sus planes sin alianzas. El bloqueo legislativo es una amenaza real", señaló. A su juicio, existe incluso el riesgo de que las fuerzas políticas opten por entorpecerse mutuamente como estrategia de desgaste.
Imaña agrega que el vicepresidente electo —quien preside la Asamblea— tendrá un rol fundamental en facilitar consensos. "La falta de coordinación entre Ejecutivo y Legislativo ha sido uno de los factores de parálisis en el actual gobierno. Repetir ese esquema profundizaría la crisis", advierte.
Fernández subraya además que existen diferencias relevantes entre ambos proyectos, especialmente en cuanto al financiamiento externo. "Paz ha manifestado su rechazo a endeudarse con el FMI, mientras que Quiroga plantea hacerlo como una medida urgente. Si no logran concertar una postura común, el país quedará entrampado en disputas institucionales", concluye.
La gobernabilidad dependerá no solo del resultado electoral, sino de la disposición de ambos líderes a negociar con una Asamblea fragmentada y un electorado que demanda soluciones inmediatas.

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