
Aunque es uno de los países con mayores reservas de litio en el mundo, con más de 23 millones de toneladas en el Salar de Uyuni, Bolivia vive una inflación interanual del 25%, con reservas fiscales en niveles históricamente bajos y largas filas de ciudadanos buscando combustible o productos básicos para sus familias.
Desde 2008, el litio fue presentado como la gran oportunidad para convertir a Bolivia en un centro industrial capaz de producir baterías y vehículos eléctricos. Sin embargo, el proyecto ha quedado estancado en promesas incumplidas, contratos paralizados y una fuerte resistencia social. Hoy, el sueño del "Dubái del oro" parece más lejano que nunca, mientras el país enfrenta una profunda inestabilidad política y económica.
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Los analistas Juan Carlos Zuleta y Diego von Vacano, coinciden en que las causas del estancamiento del litio en Bolivia son diversas. Entre ellas se destacan la falta de tecnología avanzada, la escasez de personal calificado, errores técnicos en la construcción de plantas industriales, la limitada transparencia en las licitaciones y la polarización política, que ha obstaculizado la toma de decisiones. Todo esto ha impedido que el litio pase de ser una promesa a convertirse en un motor real de ingresos para el Estado.
A estos problemas se añade el aislamiento geográfico del país, que no tiene salida directa al mar para exportar sus productos, así como la persistente desconfianza de las comunidades indígenas y organizaciones medioambientales. Estos sectores alertan que los acuerdos con empresas extranjeras ponen en peligro los ecosistemas y amenazan con repetir una historia en la que los beneficios nunca alcanzan a la población local, como sucedió en el pasado con el gas y otros recursos naturales.
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En 2008, Evo Morales proclamó la "soberanía del litio" y apostó por un modelo estatal para la explotación de este recurso. Su objetivo era no solo producir carbonato de litio, sino también fabricar baterías y autos eléctricos bolivianos. Sin embargo, después de 13 años de gobierno y millonarias inversiones, solo se construyó una planta estatal cuya producción es tan reducida que ni siquiera se registra a nivel internacional, lo que evidenció el fracaso de este modelo.
Cuando Luis Arce asumió la presidencia, abrió la puerta a la inversión extranjera, principalmente de empresas de China y Rusia. Sin embargo, sus esfuerzos también enfrentaron fuertes críticas. La oposición denunció la falta de transparencia en los contratos, las comunidades locales reclamaron que los acuerdos firmados no eran beneficiosos para Bolivia. Hoy, ambos líderes, que pasaron de ser aliados a rivales, se culpan mutuamente por el fracaso de lo que fue la principal apuesta económica del país.

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