Retrocesos en la legislación ambiental en América Latina alarman a expertos y activistas

América Latina, reconocida en las últimas décadas por avances pioneros en derechos ambientales, atraviesa hoy un retroceso que preocupa a la comunidad internacional. Reformas impulsadas por los gobiernos ecuatoriano, peruano y brasilero, facilitan la explotación de recursos naturales y limitan la participación ciudadana. Ello bajo el contexto de criminalización de defensores ambientales y crisis climática.

Expertos advierten que este giro legislativo, alentado por discursos de ultraderecha y una visión extractivista del desarrollo, pone en riesgo no solo los ecosistemas, sino también los derechos humanos y la estabilidad jurídica en la región.

¿Qué reformas ambientales se están impulsando en Ecuador?

En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa promueve leyes con “urgencia económica” que abren las áreas protegidas a la inversión privada bajo el argumento de combatir el crimen organizado.

El economista Alberto Acosta señaló que esto equivale a una “reforma constitucional velada”, que convierte el patrimonio natural en un activo para atraer capital nacional y extranjero. “Se abre la puerta a la privatización a través de concesiones, y el Estado debe protegerlas incluso con fuerza pública”, advirtió al medio DW.

El movimiento indígena expresó su preocupación, ya que muchas de las áreas protegidas coinciden con territorios ancestrales aún no titulados, lo que podría facilitar el despojo y la criminalización.

¿Cómo se debilitó la regulación ambiental en Perú?

En Perú, la abogada ambientalista Ana Leyva, de la ONG Cooperacción, denunció que las reformas legales buscan reducir la fiscalización ambiental y facilitar el cambio de uso de suelo, incluso en áreas forestales.

Se introdujeron licencias exprés conocidas como Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), y se modificó la ley forestal para permitir que empresas cambien el uso del suelo más fácilmente, favoreciendo la deforestación y el tráfico de tierras. “El enfoque actual asume que toda inversión privada es buena y que cualquier límite es anti-desarrollo”, comentó Leyva.

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¿Qué implica la nueva ley de licencias ambientales en Brasil?

En Brasil, el Congreso aprobó una ley que permite a los empresarios autodeclarar que sus proyectos no tienen impacto ambiental para obtener licencias más rápidamente.

Marcelo Salazar, director de la organización A Mazo Maná, calificó la norma como un “desastre total”, pues abre la puerta a prácticas irregulares y genera inseguridad jurídica.

Más de 350 organizaciones solicitaron al presidente Lula da Silva vetar la norma, apodada por los medios como “la ley de la devastación”. Esta medida se da en la antesala de la COP30, que se realizará en Brasil.

¿Qué alternativas se proponen frente al modelo extractivista?

Los expertos coinciden en que el modelo basado en monocultivos, minería y megaproyectos llegó a sus límites frente a la crisis climática. Marcelo Salazar plantea la bioeconomía como una alternativa viable, con énfasis en agroecología, innovación tecnológica y cooperación comunitaria.

Brasil ya adoptó en 2024 una estrategia nacional de bioeconomía, y el G-20 respaldó este enfoque con 10 principios de alto nivel.

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¿Qué obstáculos enfrentan los líderes ambientales en la región?

Además de las reformas, los defensores del medioambiente enfrentan persecución, criminalización y violencia. En 2023, América Latina fue la región con más asesinatos de ambientalistas: 166, según Global Witness.

“Mucha gente entiende la gravedad del problema, pero el miedo, la inseguridad y la precariedad económica frenan la acción”, señaló Acosta. Aun así, los expertos mantienen la esperanza de que la justicia y las nuevas generaciones reviertan estas tendencias antes de que el daño sea irreversible.