
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha comenzado a trabajar para revertir un fallo judicial que bloqueaba la orden emitida por Donald Trump. Dicho mandato pretende poner fin a la ciudadanía por nacimiento, derecho que se lleva regulado por la legislación estadounidense durante más de un siglo, y que ha suscitado un intenso y amplio debate, y que de igual forma, y tras esperar la controversia que ello puede suscitarse, Trump se mantiene firme sobre su decisión de poner fin a dicho derecho.
El pasado 4 de junio de 2025, todos los diversos argumentos fueron temas de discusión en una audiencia en un tribunal de Seattle, en la que fue recurrida para que se determinase si la política que desea Trump cambiar es constitucional o no.
Históricamente, la 14A Enmienda ha garantizado que cualquier persona que ha nacido dentro de las fronteras de Estados Unidos adquirirá automáticamente la ciudadanía. Ahora bien, la administración Trump sostiene que esta enmienda solo permite conformar un "piso" para la ciudadanía, en la medida en que no constituye un límite. De acuerdo con su interpretación, el Congreso tendría la potestad de modificar este derecho; lo que significaría que se reformularían las normas en cuanto a la ciudadanía de los hijos de inmigrantes.
El letrado del Departamento de Justicia, Eric Dean McArthur, sostiene el argumento de que, en la medida en que no se retira la ciudadanía, para Trump, el objetivo sería reducirla al supuesto de los hijos de padres que no están legalmente en el país. Sin embargo, esta interpretación ha sido puesta en duda, pues muchos sostendrán que resulta contraria a la búsqueda de la Constitución.
Si fuera posible la política de Trump, se transformarían las reglas que ahora se dan para muchos bebés nacidos en EE.UU., fundamentalmente para los hijos de los inmigrantes indocumentados que hoy cumplen todos en convertirse en ciudadanos norteamericanos por el simple hecho de nacer. Pero con esta política que quiere instaurar el nuevo presidente, no tendrían ningún derecho a serlo, circunstancia que tendría impacto directo en el acceso a salud, a la educación u otros programas públicos.
La indefinición en cómo aplicar la política a los grupos de solicitantes de asilo o a los refugiados ha sido uno de los aspectos más discutidos. McArthur indicó que, debido a los bloqueos judiciales, no saben exactamente cómo el gobierno desea encargarse de eso. Y, por lo tanto, es más la confusión.
En medio de esta situación, el juez Patrick J. Bumatay, juez nombrado por Trump, fue elogiado en un par de sus argumentos a favor de la administración, a partir de los cuales se han comenzado a hacer comentarios sobre lo que la Corte Suprema podría decidir. Si esta Corte Suprema entra a decidir, se establecería otro precedente sobre la ciudadanía nacida en EE.UU. y que podría privar a generaciones de inmigrantes y sus hijos.
No obstante, a pesar de que no se sabe lo que pasará, el gobierno de Trump sigue haciéndose eco de la eliminación de los bloqueos y de que la política pueda implementarse. Y entre tanto, la Corte Suprema está al borde de su decisión, la cual será con seguridad importante en lo concerniente a ciudadanía en EE.UU.

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