
La ciudad de Chicago ha tomado una postura firme frente a la administración de Donald Trump. El alcalde Brandon Johnson presentó una demanda formal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por congelar, sin previo aviso, los fondos destinados al programa de contraterrorismo "Securing the Cities".
La medida, calificada como inconstitucional por Brandon Johnson, representa un nuevo conflicto entre Chicago y el DHS, actualmente dirigido por Kristi Noem. Según la denuncia, la suspensión de los pagos afecta directamente la capacidad operativa de la ciudad para detectar amenazas nucleares y radiológicas.
Chicago aseguró que en años anteriores estos reembolsos se procesaban en un plazo de hasta 72 horas. Foto: composicion LR
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El viernes 16 de mayo, la oficina del alcalde de Chicago presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La ciudad afirma que Kristi Noem actuó sin base legal al suspender de forma unilateral los pagos del programa "Securing the Cities". Este plan, creado en 2007, brinda apoyo a varias ciudades del país para detectar materiales peligrosos y responder ante posibles amenazas terroristas.
La suspensión de los fondos ocurrió el miércoles anterior, según el DHS, por "restricciones presupuestarias". No obstante, la administración de Brandon Johnson señaló a la Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE) como responsable, al considerar que sus recortes impactaron el trabajo de varias agencias.
En la demanda, Chicago sostiene que esta medida vulnera la Constitución y contradice los principios de colaboración entre el gobierno federal y las autoridades locales.
Uno de los ejes principales de la demanda es que, pese a la aprobación reciente de la ley Securing the Cities Improvement Act, el DHS detuvo los pagos destinados a Chicago desde febrero. Según la ciudad, ya se presentaron cinco solicitudes de reembolso por gastos autorizados, que en total alcanzan los US$1.000.000. Entre los conceptos reclamados se incluyen:
Chicago señaló que en años anteriores estos reembolsos se procesaban en un máximo de 72 horas. La demora actual no solo compromete la operatividad, sino que también constituye una posible infracción a las regulaciones que rigen este tipo de financiamiento.

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