
En medio del endurecimiento de las políticas migratorias promovidas por la administración de Donald Trump, California se convirtió en un bastión de la protección a inmigrantes. En 2017, el estado aprobó una ley estatal que ha marcado un antes y un después en las garantías legales para las personas inmigrantes.
Se trata de la ley SB 54, conocida oficialmente como California Values Act o ley de valores, una norma que prohíbe la colaboración directa de las autoridades locales y estatales con las agencias federales de inmigración, incluyendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta medida buscó frenar las detenciones de inmigrantes en California y proteger su acceso a servicios públicos básicos sin temor a la deportación.
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La SB 54 fue promulgada en California el 5 de octubre de 2017 bajo el mandato del gobernador Jerry Brown. Conocida también como la California Values Act, esta legislación impide que las fuerzas policiales locales y estatales utilicen sus recursos para colaborar con ICE o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en tareas de control migratorio.
Entre las disposiciones clave de la ley de valores en California se encuentran:
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La SB 54 garantiza que los derechos de los inmigrantes en California no se vean comprometidos por colaboraciones locales con autoridades migratorias federales. Según la ACLU, la normativa protege a las personas al permitirles acudir a escuelas, hospitales, y tribunales sin riesgo de ser detenidos por su situación migratoria.
No obstante, la ley contempla algunas excepciones. La policía local puede notificar a ICE sobre la liberación o traslado de una persona detenida solo si esta cuenta con:
Estas excepciones buscan equilibrar la colaboración de la policía con ICE en California únicamente en casos de seguridad pública significativa.
La implementación de la SB 54 en California representó un importante obstáculo para las políticas de deportaciones de inmigrantes en California impulsadas por el gobierno de Donald Trump. Mientras la administración federal presionaba para que los estados colaboraran activamente con ICE, la ley de valores limitó severamente esa cooperación.
La resistencia californiana se convirtió en un símbolo nacional de la protección a inmigrantes en California, marcando la pauta para otras jurisdicciones que buscan proteger los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Aunque la administración Trump intentó revertir esta legislación en múltiples ocasiones, los tribunales federales confirmaron su constitucionalidad.

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