
El jueves 8 de mayo, un grupo bipartidista de congresistas de Florida presentó el proyecto de ley "Venezuela TPS Act of 2025", con el objetivo de proteger de la deportación a aproximadamente 600.000 venezolanos que residen en Estados Unidos. Esta iniciativa surge en respuesta a las acciones del gobierno de Donald Trump, que buscan eliminar diversas protecciones migratorias.
La medida otorgaría de forma automática el Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses a quienes ya se encuentran en el país, y les permitiría evitar la deportación accediendo a un permiso de trabajo legal. Actualmente, viven en ciudades como Orlando y el condado de Miami-Dade, donde se concentra una de las mayores comunidades migrantes de ese país. Muchos de ellos ya cuentan con TPS o ingresaron bajo el programa de ‘parole’ humanitario.
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Se busca otorgar automáticamente el TPS a los venezolanos que se encuentran en EE. UU., por un período inicial de 18 meses, con posibilidad de renovación. Esta normativa los protegería de la deportación, permitiéndoles trabajar legalmente. Para ser elegibles, los solicitantes deben estar físicamente presentes en EE. UU. al momento de la promulgación de la ley, carecer de antecedentes penales y registrarse ante el Departamento de Seguridad Nacional.
La iniciativa surge en respuesta a la inestabilidad política y económica en Venezuela, caracterizada por la escasez de alimentos y medicinas, una economía contraída en más del 80% desde 2014, y altas tasas de criminalidad. Los congresistas promueven esta legislación como una medida humanitaria para proteger a los venezolanos de ser retornados al régimen chavista que consideran opresivo y peligroso.
La propuesta cuenta con el respaldo bipartidista de los congresistas María Elvira Salazar (republicana), Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz (demócratas), quienes enfatizan la necesidad de proteger a los venezolanos que huyeron de la persecución política y la crisis humanitaria en su país. Salazar destacó que la opresión del régimen de Maduro y el fracaso del socialismo del siglo XXI crearon condiciones peligrosas en Venezuela.
El congresista Soto manifestó su preocupación por los intentos de la administración Trump de eliminar protecciones como el TPS y el parole, especialmente en tiempos de gran inestabilidad en su país. Wasserman Schultz, por su parte, subrayó que los beneficiarios del TPS no son criminales y que es injusto someter a familias trabajadoras a un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un beneficio migratorio que otorga el gobierno de EE. UU. a personas provenientes de ciertos países que enfrentan condiciones extraordinarias que impiden su regreso seguro, como conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias. Les permite residir legalmente por un periodo determinado, trabajar con autorización y estar protegidos contra la deportación, aunque no ofrece un camino directo a la residencia permanente.
Para que un país sea designado bajo TPS, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe determinar que las condiciones en dicho país cumplen con los criterios establecidos. Las personas que deseen aplicar deben cumplir con ciertos requisitos, como haber estado físicamente presentes en EE. UU. desde una fecha específica. Es importante renovar el TPS cuando el gobierno extiende la designación, ya que no es automático. Además, este estatus es temporal y puede ser cancelado si las condiciones en el país de origen mejoran significativamente.

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