Amnistía Internacional (AI) reiteró este jueves al Gobierno español su petición para que suspenda de forma inmediata las exportaciones de armas y material antidisturbios a Perú, país que vive desde diciembre una ola de protestas en las que han perdido la vida 70 personas. "Como medida cautelar, la sección española de Amnistía Internacional ha insistido en su petición al Gobierno de suspensión inmediata de las exportaciones de armas y material antidisturbios a Perú", reza un comunicado de la organización.
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AI denunció este jueves que, durante las protestas antigubernamentales en Perú, hubo "ataques generalizados" hacia la población por parte de las fuerzas del orden y que la "grave crisis de derechos humanos" que vive el país ha sido alimentada por el racismo y la criminalización contra comunidades indígenas y campesinas.
"Efectivamente, en Perú se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de ataques generalizados hacia la población, con la intención de castigar y silenciar a personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta", aseguró la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, durante la presentación de los hallazgos preliminares de la misión que investiga la crisis peruana.
En este sentido, el comunicado detalla que el laboratorio de evidencias de AI "concluyó que, en la represión de las manifestaciones, se hizo uso de proyectiles antidisturbios de escopeta y balas de goma fabricados" por una empresa española, "y seguirá investigando si se ha utilizado para cometer violaciones graves de derechos humanos".
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"Amnistía Internacional España pide al Gobierno mejoras en la evaluación de riesgo de las ventas de armas a Perú, que aplique el protocolo para verificar el uso de las armas exportadas adoptado en 2020 para garantizar que armas españolas no se usan para cometer violaciones de derechos humanos e investigue el uso de las armas españolas en la represión en Perú", señaló la organización.
Según datos de la Defensoría del Pueblo peruana, 48 personas han muerto durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden durante las protestas, mientras que un policía perdió la vida al haber sido quemado vivo y otras 11 personas han muerto debido a los bloqueos de carreteras por parte de manifestantes.
La presidenta Dina Boluarte también confirmó otro fallecimiento por estas mismas causas, el de un paciente que necesitaba llegar a Lima pero quedó retenido en los bloqueos, y Unicef informó del deceso de un bebé nonato, además de la muerte de una mujer en la norteña región de La Libertad, reportada por la Policía.
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El primer ministro peruano, Alberto Otárola, confirmó el 19 de enero pasado el fallecimiento de cuatro ciudadanos haitianos en Desaguadero, una ciudad ubicada a casi 4.000 metros de altura, y días más tarde Acnur elevó la cifra a siete.
Acnur detalló que los siete haitianos quedaron varados, expuestos a adversidad climática y limitado acceso a servicios básicos.