Represión policial en Chile: las denuncias por el uso excesivo de la fuerza
Más de 30 muertos y miles de heridos fue el saldo que dejó el deficiente manejo de la Policía, que, en vez de resguardar el orden público, vulneró los derechos humanos en octubre de 2019.
En octubre de 2019, Chile fue escenario del “estallido social”, nombre que se le dio a las masivas manifestaciones y graves disturbios originados en Santiago y propagados a todas las regiones, cuya población exigía al Estado que escucharan sus demandas sociales, como la creación de una nueva constitución, reducción de la tarifa de transporte, entre otros.
Las protestas pacíficas en todo el país poco a poco se tornaron violentas, debido al mal proceder de la Policía que, en vez de garantizar el orden público, comenzaron a reprimir a los manifestantes, lo que generó denuncias en materia de derechos humanos. Varios de ellos desfilaron por los tribunales, otros se les tramitó su baja, algunos hasta el día de hoy, son perseguidos por la justicia.
Treinta y cuatro muertos y miles de heridos dejó la crisis social en Chile. Amnistía Internacional (AI) difundió un reporte este año en el que denuncia que se “cometieron graves violaciones a los derechos humanos de forma generalizada” en la represión de las protestas.
“Los mandos estratégicos de carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarles a toda costa”, sostuvo la directora para las Américas de AI, Érika Guevara Rosas.
Doloroso
Según el informe, casi 400 personas sufrieron trauma ocular severo, debido a los disparos de balines directos en los rostros de los manifestantes. “El número de heridos oculares es tal que uno le hace pensar que es intencional. Los que reciben los balines no son los que provocan los incendios o los que saquean, son los que se manifiestan pacíficamente”, contó Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile.
Frases como “en Chile protestar cuesta un ojo en la cara” se ha convertido en un símbolo de la lucha y la represión que se cometió en 2019. Foto: The New York Times
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en 2019, el uso excesivo de la fuerza y rechazó toda forma de violencia en el marco de las protestas. “Si bien el Estado tiene el deber legítimo de garantizar la seguridad y el orden público (...) toda protesta social es legítima en tanto se desarrolla de forma pacífica”, agregó.
Los organismos de derechos humanos presentaron denuncias por torturas, homicidios, abusos policiales y apremios ilegítimos. La Fiscalía de Chile comenzó un proceso contra los victimarios, quienes fueron dados de baja.
Sebastián Piñera actuó
Desde el Gobierno, el presidente Sebastián Piñera anunció una reforma profunda de la institución. Por ello, convocó a 15 expertos que conformaron un consejo transversal, cuyo objetivo era el de avanzar con máxima urgencia en la recuperación del orden público, con eficacia y legitimidad, sobre la base del respeto por los derechos humanos.
Un cambio a medias
Tras el estallido social de 2019, los Carabineros pasaron por un reentrenamiento, ahora no se utiliza las escopetas antidisturbios, no se ocupan estas mismas escopetas para lanzar granadas de humo. Al ser asesorados por policías del extranjero, hoy los agentes tienen una estrategia distinta en manejar masivas manifestaciones.
Pero no todo fue bueno, el pasado octubre 2020, la Policía volvió a ser criticada por el caso del menor de edad que por la acción de un uniformado, cayó a la ribera del río Mapocho, durante una manifestación.
La Fiscalía Centro Norte anunció la detención del agente policial tras acusarlo de “intento de homicidio frustrado”. El menor de 16 años perdió la conciencia y sufrió fracturas de muñeca y traumatismo craneal.
Manifestantes socorrer al menor que se encuentra inconsciente luego de caer en el río Mapocho durante protestas en contra del Gobierno de Sebastián Piñera. Foto: EFE
A un año del estallido social
El domingo 25 de octubre, más de 14 millones de chilenos decidieron “Aprobar” reemplazar la actual Constitución heredas del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
La necesidad de llevar a referéndum una nueva constitución emanó de las calles y el pedido fue de una sola voz que se escuchó en las multitudinarias manifestaciones del año pasado, que dejó 30 muertos y miles de heridos.
