El pasado 18 de junio, el Ministerio de Salud de Colombia estableció el valor de referencia que las EPS (Entidad Promotora de la Salud o seguro) deberán pagar a los Institutos Prestadores de Salud (IPS o clínicas) por el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para la atención de los pacientes con la COVID-19 en caso de que la persona no esté afiliada a una IPS que cubra su seguro.
La decisión que tomó el Ministerio de Salud del país cafetalero, de colocar una tarifa fija, se debe al acuerdo significativo de la ocupación de la Unidad de Cuidados Intensivos adulto, pediátrico y neonatal por causa del coronavirus.
También se explicó que “en el caso que exista un acuerdo previo entre la EPS y la IPS para pagar los servicios de Unidad de Cuidados Intensivos y Unidad de Cuidados Intermedio adulto, pediátrico y neonatal, se pagará el valor pactado”.
A diferencia de Colombia, “el Gobierno de Martín Vizcarra quiere negociar una tarifa con las clínicas privadas para los asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS) y de EsSalud, ya que si yo me quiero ir a una clínica privada con mi seguro público esta me cobre menos de lo que cobre el sistema privado”, dijo el economista Humberto Campodónico Sánchez.
“Lo que ha sucedido con Colombia no tiene nada que ver con las clínicas del Estado, sino con las aseguradoras que tienen convenios con las clínicas privadas, ya que muchas veces no cubren la enfermedad de la COVID-19”, destacó.
Este 24 de junio, el Ministerio de Salud de Chile tomó el control de la primera clínica privada del país con el fin de ampliar la atención a los pacientes que estén infectados de coronavirus.
Esta norma comenzó a regirse desde el mes de abril. Desde ese entonces, todas las clínicas privadas trabajan de forma coordinada con el Gobierno.