
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) identificó al cierre de 2025 un total de 78 empresas calificadas como Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO). Estas organizaciones habrían emitido comprobantes de pago sin contar con recursos reales para sostener sus actividades.
De acuerdo con la información, estas compañías no disponían de personal, activos ni infraestructura, pero aun así emitían documentos tributarios. La situación habría afectado a miles de clientes y generado observaciones sobre el uso de créditos fiscales e impuesto a la renta no reconocidos por el Estado.
La Sunat advirtió que las 78 empresas identificadas como SSCO operaban sin capacidad real para desarrollar actividades económicas. Este hallazgo se produjo al cierre de 2025 y encendió las alertas dentro del sistema tributario.
Según lo reportado por la entidad, estas irregularidades habrían comprometido a más de 57.800 usuarios vinculados a operaciones tributarias. Ello incluye movimientos relacionados con créditos fiscales e impuesto a la renta que no serían reconocidos oficialmente.
De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el abogado penalista José Arturo Matos indicó que la utilización de facturas falsas no se limita a una infracción tributaria, sino que también podría configurar un delito. Añadió que este tipo de conductas puede dar lugar a investigaciones y procesos penales contra los implicados.
Matos indicó que la Ley Penal Tributaria, establecida en el Decreto Legislativo n.°813, contempla sanciones de hasta 8 años de prisión. Las penas dependerán del monto defraudado y de la reincidencia en este tipo de conductas.
Según Matos, una factura falsa respalda operaciones que nunca ocurrieron, ya sea por servicios no prestados o bienes inexistentes. Estas prácticas alteran la información tributaria real.
El especialista añadió que las llamadas empresas de papel pueden ser utilizadas para evadir impuestos, realizar triangulación de dinero o incluso actividades vinculadas al lavado de activos. En algunos casos, los involucrados desconocerían las consecuencias legales de estas acciones.
La Ley Penal Tributaria en el Perú es el conjunto de normas que establece sanciones penales para las personas o empresas que incumplen de manera intencional sus obligaciones con la Sunat. Su objetivo principal es combatir el fraude fiscal y proteger la correcta recaudación de impuestos del Estado.
Esta ley se aplica cuando se detectan delitos como la evasión de impuestos, el uso de facturas falsas, la creación de empresas ficticias o la manipulación de información contable para pagar menos tributos. Las sanciones pueden incluir multas y penas de prisión, dependiendo de la gravedad del delito cometido.





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